El gobierno de Rafael Correa definió los principios básicos para la reactivación del sector minero y cuya propuesta irá a la Asamblea Constituyente.

El régimen apuesta a la apertura minera a gran escala con una  adecuada participación del Estado. La idea es establecer obligaciones contractuales con las compañías interesadas, de manera que el Estado también tenga participación y regalías.

El ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, dijo que el objetivo es dar una ley que beneficie al Estado, que dé seguridad jurídica, que se relacione adecuadamente con las comunidades y que respete el ambiente. Anunció la revisión de 3.987 concesiones mineras.

Según el ministro Galo Chiriboga, “el potencial minero del país es de $ 217.000 millones”.

En la hostería Rincón de Puembo se realizó la reunión que duró aproximadamente seis horas.

La propuesta que irá a consideración de la Asamblea Constituyente partió de un diagnóstico efectuado a la minería, en un taller que contó con el presidente Rafael Correa, los ministros coordinadores de Economía y Producción, los titulares de los ministerios de Economía e Industrias y otras autoridades.

Los funcionarios decidieron apostarle a la apertura minera y a gran escala, siempre que cumplan con algunas exigencias. “(El sector) no puede seguir siendo manejado con la regulación legal que hoy tiene porque la ley de minería actual no le permite al Estado una adecuada participación”, afirmó Chiriboga.

A inicios de año, cuando Alberto Acosta, virtual presidente de la Asamblea era ministro de Energía, la posición era otra: no a la explotación industrial y sí a la regularización de la minería informal.

Pero ayer, luego del taller el discurso cambió: “Nuestra producción minera es todavía incipiente, queremos impulsarla bajo los términos de una ley que beneficie al Estado, que dé seguridad jurídica a las partes, que se relacione adecuadamente con las comunidades y que respete el ambiente”, dijo.

La intención es establecer obligaciones contractuales con las compañías interesadas de manera que el Estado también tenga participación y regalías. Algo similar a lo que ocurre con los contratos petroleros, en donde el Estado tiene presencia y es dueño del recurso.

El planteamiento está hecho y paralelo a aquello las autoridades continuarán con la revisión de las concesiones mineras. Chiriboga aseguró que son 3.987.