Cuántas veces los diversos sectores de la sociedad no han recurrido a medidas de presión para hacer valer sus posiciones. Ayer fueron los peninsulares, hoy los transportistas. Nadie quiere cumplir con las normas previamente establecidas, y aunque tengan la razón no desean seguir el debido procedimiento. Más fácil es llamar la atención con amenazas, paralizaciones y medidas de hecho que en muchos casos son violentas.

Los términos justo, correcto, adecuado, moral o ético tienen diverso significado dependiendo de los intereses de las partes. Es injusto elevar las multas y las sanciones de tránsito, y ¿qué justicia es la que esperan las víctimas de los accidentes de tránsito? Por cierto, el término “accidente” que es algo fortuito, podemos hablar si el conductor, conduce en forma temeraria, a exceso de velocidad, sin respetar señales de tránsito, en carros no aptos para circular, sin luces, y peor llevar pasajeros. Aquello no es actitud culposa, es dolo con agravante.

Que se eleven los valores por multas y se incrementen las sanciones, es necesario. Por supuesto, si no desean pagarlas los señores transportistas no deberán faltar a los reglamentos o leyes.

Lleva dilatándose la aplicación del sistema de seguro por accidentes de tránsito, otra disposición que existe y no se cumple. ¿Qué aquello incrementará los costos de la transportación? Por supuesto que lo incrementará, si los conductores son irresponsables y cometen infracciones o daños a terceros. El objetivo de las multas, sanciones o seguros, no es que los transportistas las paguen, es que los disuada a incumplir normas.

Por su parte los organismos de control son los llamados a que en el ejercicio de sus funciones, cumplan y hagan cumplir la ley, sin embargo, quiénes son miembros de este cuerpo colegiado, entre otros, La Federación Nacional de Choferes Profesionales; la Federación Nacional del Transporte Pesado; los transportistas; las asociaciones automotrices; y un club (Aneta) ¿es qué los controlados son a su vez controladores? ¿Qué interés tiene un club, persona jurídica de carácter privado, en una institución pública.

Es posible ahora entender el origen de los males de la transportación: la variopinta calidad de sus integrantes con intereses claramente identificados... ¿pero los usuarios? Si un club es parte del Consejo, ¿dónde están representados los usuarios en la transportación?

Nuria Butiñá de Vivar
abogada, Guayaquil