Sigue protesta.

El Ejecutivo descartó definitivamente la posibilidad  de impulsar una consulta popular para que  el cantón La Concordia decida a qué provincia quiere pertenecer, si a la de Esmeraldas o a la de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, sostuvo que una vez que  el Congreso Nacional aprobó el proyecto de cantonización de La Concordia, lo que se debe hacer  es elegir a las autoridades locales para que sean estas las que inicien el proceso previo a la convocatoria de un plebiscito.

Larrea señaló que  el Gobierno ha iniciado conversaciones con los representantes de la población de La Concordia en principio para bajar el nivel de conflictividad que se registra en esa localidad y para restablecer el libre tránsito por las vías que cruzan ese cantón.

Para el funcionario, la cantonización de La Concordia más allá de a qué provincia pertenece, tiene aspectos positivos, como el de contar al fin con un territorio delimitado y con la opción de  elegir autoridades y tener presupuesto propio.

Larrea reiteró que  el régimen considera que La Concordia tiene derecho a decidir a qué provincia pertenece, pero recalcó que  ese proceso no puede ser impulsado de manera inmediata, sobre todo cuando está por empezar un proceso constituyente.

“Primero tiene que constituirse  en cantón, elegir sus autoridades y después, si es la voluntad del pueblo ir a una consulta popular, que se la haga” (la consulta), indicó.

Sigue el paro
El paro que mantienen desde  el pasado martes habitantes de La Concordia, que rechazan el proyecto de cantonización aprobado por el Congreso, continúa inalterable.

Ayer se  empezaron a sentir los efectos del bloqueo en esta localidad. En los mercados empezaron a escasear los productos y las estaciones de servicio no tenían gasolina y diésel.

Según los comerciantes de La Concordia, las pérdidas en el poblado superan el millón de dólares al día, producto de la paralización.

La decisión de los manifestantes es mantener el paro durante el feriado, con la manifiesta intención de perjudicar al sector turístico de Esmeraldas que aspiraba  a recibir unos  22 mil visitantes.