Consecuencia de la inusitada circunstancia de que los presos sin sentencia deberán salir durante los próximos días en libertad acogiéndose a la disposición jurídica que  elimina la detención en firme, la Corte de Justicia de Guayaquil, desde hace unos meses, viene soportando la presencia de un desmedido público que podría generar algún riesgo a la integridad física de quienes la frecuentan.

Para nadie es desconocido que  en varias ocasiones  se han evacuado todas las dependencias judiciales por unos  supuestos atentados de bombas, que por fortuna no han sido ciertos, sin embargo el peligro no está ausente, sobre todo porque, por versión de un propio funcionario de la función Judicial, que publicara este Diario, el edificio no cuenta con las seguridades necesarias y con las salidas de evacuación de  emergencias frente a eventuales casos fortuitos, prueba de  ello es que insólitamente hace pocos días dos juzgados fueron atracados.

No es posible que con gran facilidad, a más de los vendedores que empiezan otra vez a  acopiarse en las afueras, en los diferentes pisos de la Corte se  encuentre apostado gran cantidad de público que no tiene nada que hacer, inclusive sentados en las escaleras, niños que corren en todos los pisos, vendedores ambulantes de caramelos, loterías, de pasteles en portafolios, etcétera, que se confunden con el público, con los reos, con los policías que los custodian, e inoportunan las funciones de los judiciales y de los abogados que tramitan sus causas.

Frente a estos hechos, que hace mucho tiempo fueron superados, es imperativo que la autoridad competente tome las medidas pertinentes y evite que la Corte, institución de estricta actuación de abogados, se convierta en un predio de peligro y de atmósfera mercantil.

Walter Alexis Maldonado Gallegos,
abogado y economista, Guayaquil