Ocurrió en febrero pasado en Alcalá de Henares (población cercana a Madrid) y su agresor, Roberto Alonso de la Varga, continúa en libertad. Antes de golpearle en el cuello, cuatro personas de estética nazi lo insultaron diciéndole: “negro de mierda”, “este no es tu país, esto no es un zoo”.

Miwa permaneció en coma y al despertar descubrió que le habían destrozado la vida. El juez, tras recibir el informe policial, resolvió no decretar prisión preventiva para el individuo causante de la agresión.

Su historia no ha propiciado el trama mediático que sí ha conseguido el ataque a la menor ecuatoriana en Barcelona, pero no por eso resulta menos deleznable, según las propias autoridades españolas.

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La directora general de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez Pardo, dice que son “agresiones racistas que no se pueden tolerar”. Por eso, “el Estado debe dar una respuesta contundente”.

La funcionaria pone acento en la importancia de la sensibilización de la sociedad sobre los beneficios de la inmigración, las políticas de integración y de igualdad de trato; la formación en interculturalidad de los empleados de las administraciones  y de los jueces y fiscales para que “sepan leer la realidad”.

La Secretaría de Estado para la Inmigración, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, está elaborando una guía de tratamiento mediático de la inmigración, con el apoyo de periodistas expertos en la materia, menciona.

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Asimismo, se busca sensibilizar a las Fuerzas de Seguridad y policías locales para que tengan instrumentos y herramientas que les permitan detectar conductas racistas en el ejercicio de sus funciones.

En unos meses, anuncia Rodríguez, entrará en funcionamiento el Consejo por la Igualdad de Trato. El organismo receptará denuncias de víctimas de discriminación.

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Esto porque, por ejemplo, de los 612 casos de discriminación documentados en el 2005 por SOS Racisme, se especifica que en 43 agresiones están implicados agentes de policía o guardias de seguridad contratados por organismos estatales, a los que se los acusa de agresiones físicas y verbales.

El 89% de estas actuaciones comenzó con un control de identidad, algo que refleja una discriminación basada en la raza o la etnia. De hecho, en una investigación encargada por el Centro Europeo Contra el Racismo y la Xenofobia (EUMC) se observó desproporcionadas paradas policiales.

Un 24,6% de ecuatorianos consultados respondió que en el último año los uniformados los “pararon” solo para averiguar su nacionalidad. El 15,5% afirmó haber sufrido malos tratos por parte de los agentes.