“Claro que hay jueces o fiscales que no se dan abasto tramitando los juicios, pero no todo se puede justificar por la falta de recursos. Puede ocurrir que ciertos casos se estén demorando a propósito”, opina el ministro fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo.

Él sostiene que para conocer realmente por qué se producen estas dilaciones es necesario hacer “un baño de verdad” en el sistema de justicia: que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) realice una auditoría nacional sobre el trabajo de los funcionarios judiciales.

Mensualmente este organismo recibe más de 200 quejas contra jueces, secretarios, oficiales mayores, ayudantes, amanuenses, alguaciles, depositarios y otros trabajadores judiciales a nivel nacional.

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El presidente del Comité de Quejas de esa entidad, Benjamín Cevallos, explica que en el caso de los jueces, la mayor parte de las quejas se da por retrasar la administración de la justicia, es decir, no despachar las causas en los términos previstos por la ley.

“Dependiendo de la gravedad del caso, los funcionarios pueden ser sancionados con la suspensión de su cargo por 90 días o hasta con su destitución”, señala Cevallos, quien al igual que Gagliardo cree que lo ideal es efectuar auditorías anualmente en las cortes y no esporádicamente como, asegura, pasa en la actualidad.

En cambio, para el vocal Jorge Vaca no es indispensable hacer una auditoría especial sobre el trabajo de los magistrados, pues asegura que el CNJ está continuamente monitoreando a los funcionarios.

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Sin embargo, reconoce que  ese control no es óptimo, por la falta de recursos. Señala que en Guayas, por ejemplo, hay solo dos delegados distritales y dos asesores, que según él, es insuficiente para inspeccionar la “gran” cantidad de procesos que se tramitan.

Vaca señaló que el trabajo que el CNJ realiza actualmente solo alcanza a resolver los casos que son denunciados ante esa entidad. “Las acciones que muchas veces no se denuncian, desgraciadamente pueden pasar inadvertidas”, admite.

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CIFRAS: Denuncias

2.822
Quejas.
Es la cantidad de denuncias contra trabajadores judiciales de todo el país, desde el 1 de junio del 2006 al 19 de julio pasado.

237
Sanciones.
Es la cantidad de jueces sancionados de los 1.238 que fueron denunciados en ese periodo.

75
Destituciones. 
Es el total de jueces expulsados, otros 32 fueron suspendidos.

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