Jueces dicen que las multas no garantizan agilidad en la justicia

Son las 09:44. Veinticinco internos arriban a la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (CSJ) desde la Penitenciaría del Litoral. Es martes 23 de octubre. Fecha clave, pues se cumple un año de la derogatoria de la detención en firme. Sin embargo, y pese al alboroto que decenas de familiares de los reos arman para exigir su salida, la situación en las salas penales es igual a cualquier otro día: solo tres de las 24 audiencias convocadas se efectúan.

Una de estas (por un juicio de violación) se declara fallida a las 09:53 en el 5º Tribunal de lo Penal, por la ausencia del médico legista. Abogados y testigos se toman su tiempo para abandonar la sala. En cambio, el fiscal Marlon Castro sale corriendo hasta otra audiencia a la que fue llamado a la misma hora, en el 2º Tribunal Penal, por un caso de robo.

Esta tampoco se realiza por la falta de los abogados del imputado. “Hay días en que tenemos seis audiencias en la mañana y se nos hace imposible cumplir con todas. Lo peor es cuando priorizamos una y justo falta el testigo, el perito, el preso, los abogados...”, comenta Castro.

Es que la falta de los fiscales, defensores públicos, peritos y traductores han originado que alrededor del 85% de las audiencias no se realicen, según una inspección que efectúa el Ministerio Público del Guayas desde inicios de este mes.

Para intentar frenar esta situación, el pasado martes, el Congreso Nacional envió al Ejecutivo un proyecto con seis reformas al Código de Procedimiento Penal (CPP) para endurecer las sanciones a quienes apliquen subterfugios para dilatar los juicios.

En una de las reformas se indica que la reincidencia de los magistrados, jueces, fiscales, peritos y demás actores del juicio de no acudir a las audiencias será causal de destitución de sus cargos, así como ahora se niega la libertad del reo cuya defensa ha buscado formas de evitar las audiencias.

Sin embargo, para los funcionarios judiciales el incremento de las sanciones no garantiza soluciones para las demoras en el sistema de justicia.

“Que nos fusilen e impongan la pena de muerte y seguramente nunca habrá ni un juez o fiscal ejecutado, porque nosotros no tenemos la culpa de lo que está pasando. El problema es la falta de recursos y personal”, expresa Gabriel Noboa, presidente del 5º Tribunal Penal del Guayas.

Para él la falla de fondo es que el Estado nunca se preocupó de dar la logística necesaria para tramitar los juicios de acuerdo con el sistema acusatorio oral, que fue implementado en el 2001.

“Ese es un sistema copiado de los países del primer mundo, que no va a funcionar en esta nación si no se invierte en la justicia”, manifiesta. Indica que en Guayas por lo menos se deben incrementar de 5 a 20 tribunales penales; duplicar el número de fiscales (que actualmente alcanza los 79); y, fortalecer los juzgados.

“Necesitamos al menos diez médicos legistas (en Guayas hay cuatro) porque son claves en los casos de violación y asesinato. Además, hay que contratar traductores para los juicios de presos extranjeros, porque según la ley, todo imputado debe ser juzgado en su lengua materna y eso no está ocurriendo”, señala. Otro de los cambios que deben hacerse, dice, es que la Policía evite trasladar a sus miembros a otros comandos, pues “es difícil localizarlos para que acudan a las audiencias”.

Pero Orlando Jácome, jefe de la Policía Comunitaria del Comando Guayas, afirma que si los uniformados no acuden a las diligencias de un caso no es por negligencia, sino porque las convocatorias son remitidas muy tarde.

COLABORACIÓN CIUDADANA
Para la presidenta del Colegio de Abogados del Guayas, Ángela Albán, el incremento de sanciones que propone el Congreso es una medida innecesaria, pues en las leyes, dice, ya se disponen los castigos respectivos para los actos de negligencia y corrupción en que pueden incurrir los actores procesales de un juicio. “Si hay una denuncia contra un abogado, es sometido al Tribunal de Honor y puede ser sancionado hasta con la suspensión del ejercicio profesional”, explica Albán, quien asevera que en lo que va del año no han recibido ninguna queja contra los miembros de su institución por dilatar los juicios al no asistir a las audiencias.

No obstante, según el estudio de la Fiscalía, 35 diligencias fueron suspendidas por la falta de los abogados, en las tres  primeras semanas de este mes.

Al respecto, Albán sostiene que son los tribunales los llamados a denunciar este tipo de acciones ante el Colegio de Abogados, el cual, afirma, “no puede ir detrás de cada profesional para ver si cumple o no con su trabajo. La ciudadanía también debe quejarse si un abogado no cumple su trabajo”.