Una primera demanda de inconstitucionalidad busca dejar sin efecto los dos candados que impiden la salida de los presos sin sentencia y que constituyen la ley interpretativa y los juicios conexos que están iniciando los fiscales.

El pedido se tramita en la Defensoría del Pueblo y fue planteado por el Colegio de Abogados de Pichincha, que considera a esta norma como “violatoria a los derechos fundamentales de los internos”.

Adicionalmente a esa medida organismos de derechos humanos preparan otra demanda.

El sustento de la acción que solicitó el Colegio al defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, se fundamenta en que la Constitución prevalece sobre la Ley; por tanto, una secundaria no puede contradecirla.

Así lo indicó el presidente del Colegio de Abogados, Víctor Hugo Cevallos, quien también solicitó al fiscal general, Jorge German, inicie acciones penales en contra del fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, por pedir a los agentes que cometan un delito al dictar nuevas instrucciones (juicios conexos) en contra de los reos, para impedir su libertad.

Con ese pedido, dijo Cevallos, el funcionario (Gagliardo) faltó a la Constitución y al Código Penal, que determinan que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa. “Esto de la conexidad es una artimaña adicional para frenar la salida de los presos”.

Igual criterio tiene el director de la Unidad Transitoria de Gestión de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño, quien sostiene que muchos de los detenidos sin sentencia no podrán recuperar la libertad, por los candados aprobados.

En el país, dijo, existen doce mil detenidos sin sentencia y no se conoce el número de los que podrían beneficiarse con la norma constitucional.

Uno de los candados, dijo Pazmiño, fue aprobado por el Tribunal Constitucional, cuando determinó que los detenidos, antes del 23 de octubre del 2006, seguirán recluidos en las cárceles con detención en firme, pese a que esa figura fue eliminada por ese organismo.

Según Pazmiño, la Procuraduría tendrá que pronunciarse sobre la vigencia o no de la detención en firme, para que los jueces puedan evacuar los pedidos de excarcelación.

A decir de Pazmiño, la situación es grave, pues en el caso de Guayaquil, el 80% de los presos de la Penitenciaría del Litoral están detenidos con esa figura, por dos, tres, cuatro o más años. “Allí los internos perdieron la esperanza de recuperar su libertad, porque creen que la detención en firme es una cadena perpetua”.