Un proyecto sencillo que ayudaría a la  reactivación  económica en la península de Santa Elena consiste en construir un canal de riego.

Dicho canal saldría del reservorio de Cedegé (Comisión de Estudios para la Cuenca del Desarrollo del río Guayas), ubicado en las instalaciones de la planta potabilizadora de agua de la Península, Aguapen, situada a la entrada de la localidad de Atahualpa y que, según el mapa del Instituto Geográfico Militar, está a 75m sobre el nivel de mar, hacia el embalse Velasco Ibarra que está a una altura de 16m  sobre el nivel del mar.

El objetivo de todo esto sería la reactivación de 8.000 hectáreas aproximadamente, las cuales están  abandonadas, y que por medio de estudios y pruebas se ha comprobado que son tierras aptas para cultivos tradicionales de ciclo corto como el maíz,  pimiento,  tomate,  camote y frutas como  papaya, melón, sandía, mango, ciruelas, caña de azúcar, entre otras.  Los terrenos podrían ser utilizados para agricultura y piscicultura.

Siendo esencial la reactivación económica y que tanto se nos ha ofrecido, no entiendo por qué no se le da importancia y apoyo  a este tipo de proyectos. En todo caso, las autoridades respectivas deben ver que aún hay sectores olvidados y que con tan poco podrían proporcionar fuentes de trabajo y reactivar la economía de la península de Santa Elena.

Javier Chiriboga Martínez,
director de proyectos agrícolas, Santa Elena

Los casos que ocurren en nuestro país no tienen parangón en el resto del orbe, como lo es el refinamiento del petróleo en refinerías obsoletas, por ejemplo en las áreas de La Libertad y Cautivo. Del crudo que ingresa solo se puede procesar el 45%; el estado de la planta en obsolescencia, así lo establece. El 55% restante es considerado residuo o mazut y vendido a concesionarios al irrisorio precio de $ 10 el barril, que se lo transporta a refinerías del exterior, y lo venden aquí o en el extranjero, con la utilidad digna de los mejores negocios.

Existen propuestas de firmas extranjeras que poseen tecnología moderna para convertir esos residuos en diésel, gasolina, bitumen y gas. La técnica es de “sistema de refinación de hidrocarburos por métodos ecológicos”, usando ultrasonido para destruir las partículas pesadas del hidrocarburo y transformarlas en livianas y de fácil proceso. No hay emanaciones  tóxicas, son ecológicas con uso de pequeñas áreas. Si la cantidad a procesar fuera de 40.000 BPD (barriles por día), la producción anual a los precios actuales que Ecuador paga sería: por diésel (75%) $ 921’600.000, por gasolina extra (10%)  120’960.000,  por bitumen (10%)  85’200.000 y por gas (5%) $ 52’920.000.

Estas plantas refinadoras en boga en el mundo son modulares, es decir, se ajustan a requerimientos de la zona y a la producción de la materia prima a procesarse; no superan los $ 200 millones para iniciar la producción luego de ocho meses que demora su construcción; su diseño depende del crudo a tratar, es decir, no hay error en la concepción ni procesamiento del mazut a ser refinado. Se sugiere construirla cerca de la anacrónica refinería de la Península; existe terreno (10 hectáreas), condiciones para obtener materia prima, está la Universidad de Santa Elena que con su apoyo sería también beneficiaria del desarrollo que se aspira con lo que esto produciría. ¿Por qué el Gobierno no acomete este plan que  no incorpora tanto gasto como acontecería si se harían las refinerías que todos dicen? ¿Será que hay concesionarios del residuo que tienen largos contratos difíciles de rescindir? Que el Gobierno, como lo sostiene, rompa privilegios oligárquicos que tienen al país subsidiando combustible. Ministro del ramo, ¡opine!

Walter W. Wiesner,
ingeniero, Guayaquil

La población ecuatoriana tiene la impresión de que los obreros de la refinería de Esmeraldas reciben sueldos de lujo, no laboran y hasta se ha publicitado que duermen durante sus turnos de trabajo.

La eficiencia de una planta no depende solo de la labor de los operadores sino en alto grado de las condiciones de las maquinarias que operan de forma continua los 365 días. El desgaste que sufren es acelerado, por lo que la eficiencia operativa disminuye. La refinería de Esmeraldas y  las del país están sujetas a burócratas que sin tener conocimiento objetan pedidos de mantenimientos, compras y esa es una de las causas que llevan al colapso.

José M. Jalil Haas
ingeniero, Quito

Ha sido noticia que en los próximos días 7.000 presos iban a salir en libertad (ya no), pero sigue siendo noticia que cada uno es reincidente en cometer delitos. Si cada uno ha perjudicado a tres personas significa que por lo menos 21.000 familias o el equivalente a 105.000 ecuatorianos están directamente afectados por estos sujetos.

La cifra es escalofriante y nadie hace algo concreto respecto a los reos sin sentencia. Periodistas solo comentan lo que  todos sabemos, comisarios y fiscales indican que ellos no juzgan y no son responsables de las sentencias, jueces indican que no pueden hacer nada y que la culpa es de los abogados defensores que dilatan los procesos con argucias; el Ministro de Gobierno y Policía dice que no puede intervenir por cuanto es muy respetuoso del poder constituido y es el Poder Judicial quien debe resolverlo, la Corte Suprema de Justicia sigue en compás de espera echándole la culpa al Congreso y pidiendo más dinero para ser “efectiva”; el Congreso no ejecuta acción alguna porque  piensan en otras cosas o porque dicen estar desprestigiados, la Policía Nacional señala no poder intervenir porque se irá contra las leyes; las Fuerzas Armadas añaden que es asunto policial, el pueblo no puede hacer nada ni defenderse porque va detenido, y finalmente todo el país solo ve  con estupor cómo los delincuentes ganan la batalla.

Ante este panorama donde nadie nos puede salvar, la única esperanza ha sido que nuestro Presidente, por su conocido temperamento, en forma inmediata emita el decreto ejecutivo que dejó sin efecto el error pretendido, y esperamos que no se vuelva a otro error parecido, es decir,  dejar en libertad a presos no sentenciados. Eso que solo le tomó un minuto al economista Correa y que nadie se atrevía a solucionar, significa la tranquilidad para el país.

Jaime Balladares,
ingeniero, Guayaquil

Hilton Eustaquio Rosado Espinoza,
abogado, Guayaquil