Ha sido noticia que en los próximos días 7.000 presos iban a salir en libertad (ya no), pero sigue siendo noticia que cada uno es reincidente en cometer delitos. Si cada uno ha perjudicado a tres personas significa que por lo menos 21.000 familias o el equivalente a 105.000 ecuatorianos están directamente afectados por estos sujetos.

La cifra es escalofriante y nadie hace algo concreto respecto a los reos sin sentencia. Periodistas solo comentan lo que  todos sabemos, comisarios y fiscales indican que ellos no juzgan y no son responsables de las sentencias, jueces indican que no pueden hacer nada y que la culpa es de los abogados defensores que dilatan los procesos con argucias; el Ministro de Gobierno y Policía dice que no puede intervenir por cuanto es muy respetuoso del poder constituido y es el Poder Judicial quien debe resolverlo, la Corte Suprema de Justicia sigue en compás de espera echándole la culpa al Congreso y pidiendo más dinero para ser “efectiva”; el Congreso no ejecuta acción alguna porque  piensan en otras cosas o porque dicen estar desprestigiados, la Policía Nacional señala no poder intervenir porque se irá contra las leyes; las Fuerzas Armadas añaden que es asunto policial, el pueblo no puede hacer nada ni defenderse porque va detenido, y finalmente todo el país solo ve  con estupor cómo los delincuentes ganan la batalla.

Ante este panorama donde nadie nos puede salvar, la única esperanza ha sido que nuestro Presidente, por su conocido temperamento, en forma inmediata emita el decreto ejecutivo que dejó sin efecto el error pretendido, y esperamos que no se vuelva a otro error parecido, es decir,  dejar en libertad a presos no sentenciados. Eso que solo le tomó un minuto al economista Correa y que nadie se atrevía a solucionar, significa la tranquilidad para el país.

Jaime Balladares,
ingeniero, Guayaquil