Los jueces y tribunales deben analizar quiénes son los que pueden obtener su libertad.

Los jueces y miembros de tribunales penales deberán analizar cuáles son los presos que se beneficiarán con la caducidad de la prisión preventiva el próximo 23 de octubre.

La responsabilidad está en sus manos, luego de que el presidente Rafael Correa avaló ayer la ley interpretativa del art. 169 del Código de Procedimiento Penal.

La ley fue aprobada en un segundo debate realizado el pasado martes en el Congreso Nacional con el voto de 83 de los 84 legisladores presentes.

Al respecto, el Mandatario, quien firmó ayer el proyecto enviado por el Parlamento, explicó que con la norma “saldrán los presos que tengan más de un año encarcelados y que hayan sido víctimas del sistema de justicia, es decir que no hayan avanzado en sus procesos por las  faltas de los jueces o fiscales a las audiencias”.

Aclaró, sin embargo, “que no podrán salir en libertad aquellos reos que deliberadamente han torpedeado la marcha de la justicia. Sería institucionalizar la impunidad en este país”.

Bajo este principio el Jefe de Estado advirtió a los internos que “si ellos quieren huelgas, paros o motines tendrán que someterse al rigor de la ley; no nos temblará la mano para aplicarla con firmeza”.

En este mismo ámbito, Correa volvió a criticar a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, directamente involucrados en este tema, por no actuar con celeridad en la planificación de soluciones.

“Qué lástima que haya sido el Poder Ejecutivo el que se preocupe por esto” refirió.

Además, Correa anticipó que se están adoptando medidas para superar la problemática carcelaria, entre ellas citó la repatriación de los presos colombianos, los avances para indultar a los reos de la tercera edad y la reforma al Código de Procedimiento Penal que, dijo, se realizará a través de la Asamblea Nacional Constituyente.

Manifestó que la vigencia de esta norma, a la que calificó de absurda, ha permitido abusos porque establece que una audiencia no se puede instalar si algunas de las partes (peritos, testigos, abogados o detenidos) faltan a ella.

En tanto, el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, anunció que se dará el apoyo para que se amplíe el número de juzgados penales y de fiscales en el país. También afirmó que se reforzará la seguridad en los centros carcelarios para evitar amotinamientos.

Asimismo, el ministro secretario de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante, recordó que para acelerar los procesos judiciales, el Gobierno contrató a 200 abogados para conformar la Unidad Transitoria de Gestión de la Defensoría Pública, que se encarga de los juicios de los internos que no tienen abogado.

Este programa se inició el pasado 21 de septiembre en las cárceles de hombres y mujeres de Quito y Guayaquil, ciudades en las que entre 200 y 300 reclusos están siendo atendidos por los defensores.

TEXTUAL: Beneficiados

Rafael Correa
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
“Saldrán libres los presos víctimas del sistema judicial, no aquellos que han impedido la marcha de la justicia”.