Un grupo de inversores, que incluye a un banco filial del estadounidense Citigroup, ganó una intensa guerra para comprar a la endeudada aerolínea Aeroméxico y a otra línea aérea regional con una oferta de 249 millones de dólares, dijo este miércoles el Gobierno mexicano.
En un electrizante final de ofertas y contraofertas, el grupo integrado por el banco Banamex, filial de Citigroup, e inversores mexicanos venció a los empresarios rivales Moisés y Alberto Saba, con una oferta de compra que presentó 30 segundos antes de un plazo límite prefijado.
Los inversores, que incluyen a accionistas del gigante cervecero Grupo Modelo, triunfaron con una oferta pública de 2,7159 pesos por papel o $ 249.1 millones por el 100 por ciento de Consorcio Aeroméxico, que controlaba el Gobierno mexicano y es dueña de Aeroméxico y Aerolitoral.
La oferta representa un premio del 10.4% sobre el precio de cierre del miércoles de las acciones de Consorcio Aeroméxico de 2.46 pesos, y que desde el cierre del lunes han subido un 30 por ciento al ritmo de la puja.
"Se logró concluir el proceso de venta a 2,7159 pesos por acción, lo cual nos pareció un precio sumamente atractivo para el Gobierno federal", dijo a Reuters Gerardo Rodríguez, titular de la Unidad de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda.
"Más que sorprendidos, estamos muy satisfechos (...) es un monto muy razonable, muy interesante", agregó.
Aeroméxico, con una flota de 70 aviones Boeing y 300 vuelos diarios nacionales e internacionales, reportó en el segundo trimestre una pérdida de $ 63 millones.
Además, tiene $ 1.000 millones de deuda, problemas con sindicatos y enfrenta la competencia de las líneas de bajo costo.
"Finalmente la oferta más alta fue la que hizo Banamex y diversos empresarios", dijo a una radio María Teresa Fernández, secretaria ejecutiva del estatal IPAB, accionista mayoritario de Consorcio Aeroméxico.
El grupo vencedor, que incluye a inversores como la familia Aramburuzabala -accionista de la cervecera Grupo Modelo-, dijo buscará abrir nuevas rutas nacionales e internacionales con la aerolínea, aumentar la flota de aviones e inyectar $ 240 millones de capital a la empresa en los próximos tres meses.
Además, el nuevo presidente del consejo de administración de la empresa, José Luis Barraza, ahuyentó los fantasmas de despidos en la endeudada empresa.
"Vamos a necesitar de todo el capital humano de Aeroméxico", dijo a una radio local.
SABA SE QUEJA
En una encarnizada batalla, Moisés Saba reconoció su derrota minutos antes de que el Gobierno anunciara el ganador, luego de haber propuesto una oferta que duplicaba la primera que había hecho y de perder porque su postura llegó minutos más tarde del plazo límite de las 21:00 GMT.
Saba, de una poderosa familia mexicana que tiene una fortuna estimada en $ 1.800 millones según la revista Forbes, protestó por la manera en la que el Gobierno manejó la venta.
"Había reglas claras establecidas el día de hoy, (...) no eran reglas preestablecidas, era un régimen dictatorial yo diría y tuvimos que someternos a él y perdimos", sostuvo el empresario a una radio local.
Saba dijo que su oferta no prosperó porque el Gobierno no recibió su oferta en el tiempo límite de las 16h00 del miércoles (21:00 GMT), aunque aseguró la envió a las 15h59 hora local. El Gobierno dijo que su oferta le llegó a las 16h02.
La oferta del grupo de inversores de Banamex fue recibida por el Gobierno a las 15h59, según el estatal Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Aeroméxico era propiedad mayoritaria IPAB, que junto a otras dependencias del Gobierno mexicano tenía un 62% de las acciones.
El IPAB controlaba las aerolíneas desde que en 1990 una profunda crisis financiera azotó al país.
En el 2005, el Gobierno privatizó a la segunda aerolínea más grande del país, Mexicana, vendiéndola al grupo hotelero mexicano Posadas por $ 166 millones.
El ente antimonopolios bloqueó este mes una oferta de $ 200 millones por Consorcio Aeroméxico hecha por Grupo Mexicana, argumentando que produciría una concentración en el mercado. Mexicana dijo que iba a ir a los tribunales para luchar contra la decisión.