Los circuitos de tráfico de objetos de arte y piezas arqueológicas  destinados al sector privado o a instituciones oficiales se desarrollan a través del mundo, con peligro para el patrimonio de la humanidad. La demanda emana de los países del Norte y la oferta proviene en gran parte de los países del Sur. Las sanciones por el pillaje de bienes culturales son mucho menores que las que se aplican al tráfico de drogas o de armas, lo que ha llevado a este tráfico a convertirse en un jugoso mercado para mafias internacionales. Se estima en varios millares de dólares por año el comercio ilegal de bienes culturales.

Las miles de piezas desaparecidas en las redes del mercado internacional de arte contribuyen a la pérdida de la memoria colectiva de los pueblos, convirtiendo este mercado en un problema mucho más profundo que el robo en sí mismo, dado que las excavaciones clandestinas que arrancan piezas de su sitio original para ser llevadas a un entorno diferente, no deja rastro a los arqueólogos para interpretar y comprender la historia de los hombres que las crearon, habida cuenta que se ha perdido un número considerable de informaciones que únicamente pueden obtenerse in situ, a través de estudios científicos efectuados por profesionales. Consciente del problema, la Unesco estudia la creación de una entidad para promocionar la restitución de bienes culturales a sus países de origen, pero raras veces estos diferendos se resuelven con la buena voluntad de las partes. Cerca de 200 objetos de arte precolombinos se exponen en un museo de Rímini, Italia, y figuran con la mención: “propiedad del Estado de Ecuador”. En breve, un asunto que empezó con un juicio termina en una especie de acuerdo amistoso. ¿Es suficiente esta mención o se han emprendido acciones para el retorno de las piezas al país?

El pillaje de objetos sagrados, obras de arte y piezas arqueológicas ha existido siempre pero impresiona la proliferación alcanzada en estas últimas décadas. Las autoridades poco han comprendido la gravedad de la situación para frenar este fenómeno que amenaza la memoria de la humanidad.

Hace pocas semanas, tuve ocasión de cambiar impresiones con el Dr. Roberto Betancourt Ruales, embajador de Ecuador en Suecia y Dinamarca, quien manifestando su preocupación, invocaba la importancia de la cooperación, la sensibilización y la difusión a través de la prensa, de la grave situación que encaran cinco países latinoamericanos: Colombia, Ecuador, Perú, México y Costa Rica en su esfuerzo por recuperar 1.000 piezas arqueológicas de su herencia cultural, que fueron robadas de sus territorios y más tarde se las encontró cuando se las  negociaba en Dinamarca. Al ignorar los argumentos de los gobiernos latinoamericanos, sorprende que la legislación danesa no proteja la herencia ancestral de esos países que han sido saqueados  pese a que su decisión debe estar alineada con los compromisos internacionales que emanan de varios acuerdos que Dinamarca firmó y ratificó, referidos a estos temas, en particular la Convención de 1970, de la Unesco, que prohíbe la importación ilícita, exportación y transferencia de dueño de la propiedad cultural de los pueblos. Sin embargo, esa herencia cultural salió de los países primeros nombrados sin permiso legal de exportación y no son los comerciantes de arte quienes pueden contradecir este hecho.