Con el problema de los presos sin sentencia y la posibilidad de que muchos delincuentes contumaces salgan de prisión,  nuestra administración de justicia debe revisar seriamente este asunto.

Lamentablemente nuestros servidores del Poder Judicial realmente son enredadores de todos los procesos, haciendo que se retarden y extravíen en los vericuetos del procedimiento, entorpeciéndose la justicia y perjudicando a los litigantes material y moralmente, porque las sentencias llegan tarde o no llegan, y esto es muy grave para nuestra sociedad que exige que a cada cual se le dé el derecho que le corresponde.

Es oportuno que se debata en la Asamblea Constituyente para que llegue a constar en la nueva Carta Política el sistema oral en los procesos penales en todas sus etapas y en la mayoría de las otras áreas del derecho. Con esto se convertirán en realidad los principios de inmediación, celeridad, eficiencia y economía procesal, y se podrán limitar los incidentes que se promueven ahora en forma inmotivada que retardan el curso del proceso. Así evitamos el exceso de presos en las penitenciarías y las consabidas mañoserías para dilatar los juicios penales y otros.

El control para frenar la corrupción e inmoralidad administrativa es una exigencia de todo el pueblo ecuatoriano, y en la nueva Constitución deben contemplarse reglas claras para que exista una independencia total de toda influencia política o de suspicacias.

Efrén Roca Álvarez,
abogado, Guayaquil