Domingo 14 de octubre del 2007 Vida

Más muertes por atención médica fallida

Por Marjorie Ortiz y Cecilia Pugo

http://src.eluniverso.com/2007/10/14/0001/1064/files/informe14-10-072500.jpg

Raúl Eduardo Ávalos, su esposa, Jovita Suárez, y sus hijos Madelin y Kevin visitan la tumba de su otro hijo, Raúl Edwin, fallecido por una mala práctica médica.

En el 2006 se reportaron más de 2.000 quejas contra instituciones de salud, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Enfermo tras un accidente y con una depresión que lo lleva a pensar en lo inútil que es vivir, José Garzón se debate entre consumirse en el dolor o armarse de coraje para luchar por sus hijos. La muerte de Fany Maldonado, su esposa, está fresca. La perdió el pasado 22 de agosto, el mismo día en que traía al mundo al cuarto de sus vástagos, cuando por una supuesta negligencia médica su vida se apagó en el quirófano de la clínica Minchala, ubicada en Ayacucho y Los Ríos.

La angustia reflejada en sus ojos llorosos solo se aplaca cuando sostiene a Fernandito, el sobreviviente de lo que él llama una tragedia.
El niño tiene unas manchas oscuras en el cuerpo, según José por el mismo efecto del exceso de  anestesia que mató a la madre.

“Para mí es un error del anestesiólogo”, dice José, mientras recuerda que ese día Fany ingresó al quirófano a las 15:30 para hacerse una cesárea. Pasaban las horas y nadie facilitaba información. Cerca de las 17:00, Milton Minchala, quien la operó y es dueño de la clínica, indicó que su esposa tuvo complicaciones. Una  hora después él mismo le informó que el niño estaba bien, pero que su esposa acababa de fallecer. “Fue tan fría su expresión que me quedé mudo”.

La clínica fue clausurada por la Dirección Provincial de Salud porque no tenía el permiso de funcionamiento actualizado y por las malas condiciones sanitarias. Permanecerá cerrada hasta que cumpla con los requisitos y adecuaciones necesarias, asegura el titular del ente público, Mario Murgueitio. La medida no se aplica por la supuesta mala práctica médica, aclara.

La falta de recursos económicos impide a José seguir un juicio por la muerte de su esposa. “No puedo elegir entre destinar lo poco que tengo para mis hijos o luchar para exigir justicia, ahora ellos son la prioridad”, menciona. Sin embargo, una denuncia puesta por él en la Fiscalía, porque necesitaba el documento para inscribir a su hijo en el Registro Civil, sigue de oficio y además cuenta con el apoyo de la Fundación Carlitos Rodríguez, dedicada a luchar contra los casos que la organización identifica como negligencia médica, liderada por Patricia Cárdenas, quien perdió a su hijo hace cinco años.

La vida tomó un giro brusco para José, quien se siente impotente al asumir el papel de padre y madre. Digna Bazurto, su cuñada, se encarga del cuidado del infante, mientras otros familiares lo apoyan en el cuidado de sus otros hijos.

Las secuelas por la  supuesta negligencia médica que vive José también la afrontan familiares de otras víctimas que perecieron en este año. El pasado 19 de julio, parientes de Johana Mantilla Gómez denunciaron en la Fiscalía la muerte de la joven tras un infarto en la clínica Estetik Line, adonde acudió para someterse a una liposucción. La Dirección de Salud del Guayas indicó en esa ocasión que ese local no estaba registrado en su base de datos.

Los esposos Rosendo Sarmiento y Érica Sánchez el pasado 12 de abril denunciaron la muerte de su hija en el hospital León Becerra, tras una operación por una hernia umbilical. Bolívar de la Cruz Rivera, que padecía diabetes, falleció a fines de enero pasado luego de una cirugía, en el cantón La Libertad. Jéssica Pinango Muñoz pereció en abril tras una cesárea en el cantón Milagro. En la Fiscalía del Guayas los casos constan por denuncias relacionadas con lo que los demandantes llaman mala práctica médica.

Las  quejas en la Defensoría del Pueblo en Guayaquil no especifican las víctimas mortales por negligencia médica porque no está tipificada como tal en la legislación penal y al tratarse de delitos son derivados a la Fiscalía. Ahí solo se refieren casos en los que pacientes han sufrido una mala atención y han quedado con secuelas. “Esas personas no van a recuperarse y por eso se trata de que la institución médica se responsabilice de la recuperación o asuma una indemnización”, dice Francisco Bonilla, de la Defensoría.

Los datos de la entidad en Guayas hablan de un incremento de los casos, pues de los 4 registrados en el 2001 se elevaron a 18 en el 2006, y en lo que va del año alcanza las 16 denuncias.

En el país, la Defensoría recibió el año pasado 590 quejas relacionadas con el derecho de salud vulnerado, según los datos publicados en su página web. No obstante, las demandas a instituciones de salud por una deficiente atención son mayores. En el 2006 se reportaron más de 2.000 quejas, indica el sitio. Entre los diez centros con más reclamos están el Seguro Social, hospitales del Ministerio de Salud y clínicas privadas.

Patricia Cárdenas, de la Fundación Carlitos Rodríguez, sostiene que no todos los casos se denuncian o se siguen, en particular por la falta de recursos económicos de los afectados.

Algunos, como el que llevan Raúl Ávalos y su esposa, Jovita Suárez, permanecen estancados. Ellos perdieron a su hijo Raúl Edwin, de 10 años, en mayo del 2005, cuando fue ingresado al hospital Francisco de Ycaza Bustamante para corregirle una deficiencia visual (estrabismo).

En ese entonces, tras varias horas, el médico Jaime Bajaña informó que el pequeño había sufrido un infarto.

Raúl salió del quirófano en camilla, atado y con convulsiones hacia  la unidad de cuidados intensivos. Tres días después, la jefa (e) de esa unidad, Myriam Gavilánez, argumentó ante Raúl que “las neuronas del cerebro son como una instalación eléctrica, la diferencia es que una instalación eléctrica se puede reparar, pero las neuronas son irreparables”.

Raún Edwin murió tras una disfunción multiorgánica provocada por la aplicación de un medicamento (dextropropoxifeno) que le inyectó la tecnóloga María Luisa Carrión por disposición de la médica Cecilia Yagual, según el juicio que se ventila en el juzgado Séptimo de lo Penal del Guayas.

El medicamento, según el expediente, desencadenó la muerte del menor y, aunque las declaraciones de las imputadas atribuyen el deceso a una reacción del paciente hacia el fármaco, el agente fiscal Julio Aguayo las acusó de homicidio inintencional, dictamen de la instrucción fiscal del caso, que actualmente está a la espera de las audiencias respectivas antes de que se dicte una sentencia.

En su informe, Aguayo rechaza los argumentos sobre lo inevitable e imprevisto de la aplicación del medicamento. “Que toda sustancia es potencialmente dañina para ciertas personas no es justificación para que profesionales de la salud no extremen las medidas de seguridad para evitar desenlaces fatales, pues, de lo contrario, estaríamos frente a una especie de macabra lotería, en la cual ‘si nos juega la suerte’ podríamos morir en intervenciones que potencialmente no son mortales”, concluye en su instrucción.

Más de una treintena de estos casos son defendidos por fundaciones dedicadas a luchar contra la mala práctica médica, un término al que se oponen los doctores porque dicen que sirve para castigarlos.


Diseño

© Copyright 2009. Compañia Anónima EL UNIVERSO. Todos los derechos reservados.