La posibilidad de llevar adelante una nueva demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) será discutida en los próximos días por los empresarios camaroneros y el Gobierno, en citas conjuntas.

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), representada por César Monge, anunció que con este proceso la industria pretende recuperar los pagos realizados a la aduana de Estados Unidos como producto de la penalización impuesta al Ecuador por supuesto dumping (competencia desleal).

El gremio explicó que estos montos aún no han sido liquidados, pese a que la OMC declaró, en enero pasado, improcedentes las sanciones contra los camaroneros ecuatorianos, y posteriormente, en junio, el Departamento de Comercio de EE.UU. acogió dicha decisión y declaró la revocatoria definitiva del caso.

Esto es que, en adelante, el crustáceo local podía ingresar a ese mercado con cero arancel.

Según estimaciones del sector, desde febrero del 2005, cuando se impuso un arancel de 3,58% al producto, hasta agosto anterior, cuando se derogó la medida, la industria desembolsó entre 15 y 20 millones de dólares en efectivo.

El argumento que se analizará para esta demanda, indicó la CNA, será precisamente que los pagos realizados por esta medida ilegal antidumping, deben ser devueltos al Ecuador “como justo resultado de la victoria jurídica obtenida por el Estado”.

En junio pasado, cuando se difundió la decisión de EE.UU. de retirar el arancel, el ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Carlos Vallejo, expresó que la medida no tenía carácter retroactivo, pero dejó abierta la posibilidad de que el Estado presente una nueva demanda de devolución “porque se calculó equivocadamente ese impuesto”, dijo.

La restricción que rigió para el crustáceo nacional hizo que a los empresarios ecuatorianos les cueste mantenerse en el mercado estadounidense, que representa cerca del 60% de sus exportaciones totales.

Fuera de eso, están los gastos que tuvo el sector para defenderse ante instancias internacionales, y que se estima en alrededor de $ 4 millones, solo en el pago de abogados.