El procurador General del Estado, Xavier Garaicoa, expresó este miércoles su esperanza de que Estados Unidos extienda la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA, por su sigla en inglés) y criticó injerencias político-económicas en el tema.
En junio pasado Estados Unidos prorrogó ocho meses más el ATPDEA, que otorga a los países andinos por sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.
"En ocasiones, la extensión del ATPDEA se ve complicada por la actitud asumida por algunas empresas que consideran que deben desquitarse de Ecuador", dijo Garaicoa en una rueda de prensa, al puntualizar que se refería, en concreto, al caso de la empresa petrolera estadounidense Occidental (Oxy).
Según el Procurador, Oxy continúa haciendo "lobby" y ejerce "presiones sobre los organismos estatales de Estados Unidos para tratar de convertir un diferendo jurídico en uno político".
"Es una actitud que rechazamos", indicó el procurador ecuatoriano, y aclaró que no se quiere que las relaciones entre Estados Unidos y su país "se enturbien o compliquen".
Recordó que el ATPDEA, gracias al cual miles de productos andinos entran en el mercado estadounidense sin aranceles, es una contraprestación de Washington por el aporte andino en la lucha contra narcotráfico.
Garaicoa anotó que Ecuador es "uno de los más eficientes cumplidores (en la lucha contra el narcotráfico) dentro del área andina", mientras el director del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotópicas (Consep), Domingo Paredes, dijo que en confiscación de drogas Ecuador tiene "un récord" regional.
Paredes indicó que, por ejemplo, en el proceso de lucha contra el narcotráfico, la institución que dirige tiene bajo su custodia "más de cien millones de dólares en bienes muebles e inmuebles", incautados a presuntos narcotraficantes y cuyos procesos judiciales están en trámite.
El año pasado Oxy planteó una demanda contra el Estado ecuatoriano por la anulación de su contrato para explotación de crudo en el bloque 15 en la Amazonía ecuatoriana.
En abril de 2006 el entonces Ministerio de Energía y Minas de Ecuador anuló el contrato con Oxy por violar la Ley ecuatoriana, al transferir el 40 por ciento de sus derechos de explotación a la firma canadiense Encana, sin comunicarlo al Estado.
Por esa resolución, los bienes e instalaciones de Oxy revirtieron al Estado ecuatoriano y sus campos de operaciones son explotados actualmente por la empresa pública Petroecuador.
Ecuador tiene, además, pendiente una demanda de Oxy relacionada con la devolución, exigida por la petrolera, de 65 millones de dólares por la retención del IVA (Impuesto al Valor Agregado) petrolero.
"Esperamos, como país, que haya una extensión del ATPDEA, confiamos en que la razón, la sensatez, se imponga en las decisiones de los organismos de EE.UU. y que no se dejen arrastrar por actitudes asumidas de revancha de la Oxy en este tema", señaló Garaicoa.
El pasado 25 de agosto el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que había instruido a la Cancillería para que no "ruegue" a Estados Unidos para lograr una nueva extensión del ATPDEA.
Correa reiteró entonces que el ATPDEA "no es una dádiva", sino un justo reconocimiento a los países que luchan contra el tráfico de drogas.
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