Con carácter de urgente se realizaron sendas reuniones en el Ministerio Fiscal del Guayas y en la Corte de Justicia de Guayaquil entre fiscales, jueces, ministros y policías, para buscar mecanismos y evitar la libertad de cientos de internos catalogados como peligrosos el próximo 23 de octubre.
Esta mañana, autoridades buscan medidas a corto y largo plazo para reformar el cógido de procediemiento penal para que la liberación después de un año no se aplica a los delitos más graves; ni tampoco se tomen en cuenta las audiencias fallidas por causas atribuidas a los reos que se niegan a ir a juicio para retrasar los procesos.
El ministro fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, hizo un llamado a los tribunales penales para que se de prioridad a los casos más graves como los delitos de narcotráfico, violaciones, asesinatos, entre otros, que no tienen sentencia. En cambio, el ministro fiscal general de la Nación, Jorge Germán, indicó que existe lentitud en los casos debido a la avanzada edad de muchos jueces.
“En Colombia hay una ley de retiro forzoso a los 65 años de edad y dejan sus cargos. Aquí hay jueces de hasta 96 años que no quieren soltar los cargos”, acotó en Ecuavisa.
Por su parte, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Hernán Cabeza, afirmó que hay que aumentar el número de fiscales, peritos en conjunto con una Policía más técnica para mejorar el sistema penal.
Finalmente, el jefe del comando de Policía del Guayas, Euclides Mantilla, alegó que 231 detenidos por narcotráfico de droga en conjunto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en casos como Tsunami, podrían salir en libertad.
“Se podrían estar beneficiando 77 personas en octubre, 112 en noviembre y 42 en el mes de diciembre”, finalizó Mantilla. Sin embargo, el fiscal Antinarcóticos, Jorge Solorzano, aseguró que se está trabajando y casi en la totalidad de los casos están con nuevas instrucciones fiscales.
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