Las empresas petroleras tienen el derecho de aceptar o no la propuesta del Gobierno de cambiar los contratos actuales de participación a prestación de servicios, pero “si bien hay este elemento potestativo, por otra parte, hay incumplimiento de las empresas (que) lo hace objeto no solo de medidas coactivas sino también de un proceso de terminación (de contrato) por caducidad”, dijo ayer el procurador del Estado, Xavier Garaicoa.

Esos incumplimientos, según el funcionario, se originan por la falta de cancelación al Estado del 50% de los excedentes petroleros, porcentaje anterior al decreto ejecutivo que lo aumentó al 99%.

Garaicoa dijo que mientras City Oriente “no ha pagado el 50% que se dispuso desde abril del año pasado, es decir que debe alrededor de 30 millones de dólares”,  Oxy tampoco y las  otras han realizado   pagos parciales.

Por ello dijo que las medidas coactivas “proceden, porque es una deuda que tienen establecida y que Petroecuador se las ha requerido, estableciendo los montos mensuales que son superiores a los 2 millones de dólares”.

Aunque aclaró que iniciar las acciones no le corresponde a él, sino que las podría tomar el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga.

Ese Ministerio le solicitó a la Procuraduría que le acompañe en el proceso de renegociación de los contratos, “nosotros no tenemos nada que hacer desde el punto de vista legal, pero por supuesto accederemos a concurrir y a dar nuestra opinión cuando sea requerida, no más”, agregó el funcionario.

Garaicoa dijo que la decisión del Ejecutivo de aumentar del 50% al 99% la parte del Estado de los excedentes petroleros está apegada a la Ley.

La Procuraduría piensa que no caben demandas, aunque el funcionario dijo que “el ordenamiento jurídico nacional e internacional acepta procedimientos de reclamos”.