El juez español Baltasar Garzón decretó este domingo prisión incondicional para la mayoría de los responsables de la ilegalizada formación independentista vasca Batasuna, brazo político de ETA, detenidos el jueves en "asamblea clandestina", informaron fuentes judiciales.
El juez Garzón atribuyó a los detenidos los delitos de "integración en organización terrorista", y de "reiteración delictiva" para algunos que ya estaban acusados del primer delito, en el marco de este sumario que instruye desde 2002 sobre las relaciones de Batasuna con ETA.
El magistrado, siguiendo recomendaciones de la fiscalía, dictó prisión preventiva incondicional para 17 de los 23 detenidos el jueves, entre ellos, el portavoz de Batasuna, Joseba Permach; el responsable de comunicación, Juan José Petrikorena; y Rufino Etexebarria, considerado el "comisario político" de ETA.
Además, confirmó la prisión eludible con una fianza de 10.000 euros para Egoitz Apaolaza, y los responsables franceses de la formación radical Jean Claude Aguerre y Haizpea Abrisqueta.
De la misma manera, también dictó prisión eludible con una fianza de 24.000 euros para Francisco Javier Urrutia.
El magistrado de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) había puesto antes en libertad a otros dos de los detenidos, Iban Berasategui y Javier Albizuque habían ayudado a los miembros de Batasuna a alquilar el local usado para la reunión.
De esta manera, Garzón ha enviado a prisión a 17 de los 23 detenidos cuando llevaban a cabo una reunión que, según el magistrado, iba a servir para un traspaso de poderes de la vieja a la nueva dirección de Batasuna.
El juez ordenó las detenciones dentro del sumario que instruye sobre las relaciones entre Batasuna y ETA, ya que, según él, la actividad de Batasuna no puede "interpretarse en forma aislada (...), sino como coadyuvantes con aquella otra acción violenta" que desarrolla de ETA.
Los miembros directivos más antiguos como Permach están acusados de "reiteración delictiva", puesto que estaban ya imputados en este sumario por "integración en organización terrorista", delito que se imputa ahora a los miembros de la supuesta nueva "mesa nacional".
El viernes, el juez había dispuesto el ingreso en prisión de otro dirigente de Batasuna, Joseba Alvarez, por "reiteración delictiva" debido a su participación en una manifestación independentista prohibida a principios de septiembre en San Sebastián (norte).
Brazo político de ETA, la formación Batasuna está ilegalizada en España desde 2003 por sus vínculos con esta organización armada que ha matado a 819 personas casi 40 años de lucha contra el Estado español por la independencia del País Vasco.
Audiencia
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón interrogó este domingo en Madrid a los 23 miembros de Batasuna, el brazo político ilegalizado de la organización terrorista ETA, detenidos el pasado jueves cuando presuntamente reorganizaban la estructura de la formación para seguir dando cobertura a ETA.
Los dirigentes independentistas del País Vasco (norte) empezaron a prestar declaración poco después del mediodía ante Garzón, quien acusa a algunos de los detenidos de reiteración delictiva por haber vulnerado la suspensión de actividades de Batasuna y a otros de pertenencia a banda armada.
Este magistrado decretó la suspensión de actividades de Batasuna el 26 de agosto de 2002 y el Tribunal Supremo declaró ilegal a la organización el 27 de marzo de 2003.
Dieciséis de los 23 detenidos pertenecen a la Mesa Nacional (dirección), entre ellos su coordinador, Joseba Permach.
La operación en la que fueron detenidas estas 23 personas está enmarcada en el sumario que instruye Garzón para investigar la subordinación de Batasuna a ETA a través de la financiación de las "herriko tabernas", bares controlados por Batasuna.
En el País Vasco, la portavoz del gobierno regional, Miren Azkarate, dijo hoy que los 23 detenidos "estaban reunidos hablando y no tenían pistolas ni bombas", por lo que se preguntó si esto es delito o se trata de "romper todos los puentes de diálogo".
Azkarate se preguntó sobre la aplicación del estado de derecho "cuando a los mismos que han detenido, y les hacen pasar delante de la Audiencia Nacional, les han considerado interlocutores durante meses y meses."
El Gobierno español mantuvo un proceso de diálogo con el independentismo vasco durante el segundo semestre de 2006, que rompió unilateralmente y de forma inmediata después de que ETA perpetrara un atentado el 30 de diciembre pasado en Madrid, que costó la vida a dos personas, ciudadanos de Ecuador.
El portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, afirmó ayer que las detenciones son "una declaración de guerra en toda regla" del Gobierno español "al movimiento independentista vasco".
"Seguiremos luchando por la independencia y el socialismo, y por encima de toda represión, no daremos un paso atrás en la defensa de los derechos de este pueblo", dijo Barrena.
En las cuatro décadas de actividad terrorista, ETA ha causado más de 800 muertes.
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