Eduardo Arias dista mucho de llenar el perfil de alguien capaz de humillar a una de las potencias económicas más formidables del mundo.
Arias, indígena kuna de 51 años, creció en una reserva remando piraguas cerca de su hogar en una de las islas San Blas, frente a las costas caribeñas de Panamá. Ahora vive en un pequeño departamento arriba de un puesto de comidas en Panamá, capital del país, también conocida como Ciudad de Panamá.
Sin embargo, un sábado de mayo por la mañana, Eduardo Arias hizo algo que repercutiría en todos los continentes. Leyó la etiqueta de un tubo de pasta dental de 59 centavos de dólar.
En él estaba una palabra que había sido ignorada por inspectores gubernamentales y autoridades de salud en docenas de países: dietilenglicol, el mismo ingrediente venenoso de sabor dulce que había sido mezclado en el jarabe para el resfriado en Panamá, y matado o discapacitado a un mínimo de 138 panameños el año pasado.
Arias reportó su hallazgo, lo que desató una cacería a nivel mundial del dentífrico tóxico, que resultó ser fabricado en China. Para estas fechas, se han emitido alertas de salud en 34 países, desde Vietnam hasta Kenia, desde las islas Tonga en el Pacífico hasta las islas Turcas y Caicos en el Caribe. Canadá encontró 24 marcas contaminadas y Nueva Zelanda,16.
Japón tenía 20 millones de tubos. Los funcionarios en Estados Unidos dieron la pasta de dientes, involuntariamente, a prisioneros, discapacitados mentales y jóvenes con problemas de conducta.
Los hospitales se la dieron a enfermos, mientras que los hoteles de gran prestigio, a los ricos.
El susto con la pasta dental ayudó a avivar las preocupaciones globales sobre la calidad de las exportaciones de China en general, lo que provocó que el gobierno chino prometiera reformar la manera en que se regulan los productos alimenticios, medicinales y de consumo.
Otros países están en proceso de reexaminar la manera en que monitorean los productos importados.
Perdida en este remolino de actividad quedó la identidad de la persona que lo empezó todo: Eduardo Arias. Hasta que The New York Times lo rastreó con ayuda de la alcaldía de la Ciudad de Panamá, su nombre era desconocido, incluso para la gente que trabajaba en el caso.
Jorge Motta, director del Instituto Gorgas Memorial, prominente centro de investigación en la Ciudad de Panamá, dijo que estaba agradecido de que algo bueno hubiera salido del trauma nacional producido por el jarabe tóxico para la tos.
“Todo el cuestionamiento sobre las mercancías chinas empezó en Panamá con nuestros muertos”, dijo Motta.
El 5 de mayo, Arias, que vive solo y no tiene automóvil, fue a comprar CDs en blanco a Vendela, tienda de descuento donde había escuchado que los precios eran tan bajos que los vendedores ambulantes compraban allí sus mercancías. Al entrar a la tienda, un gran exhibidor de pasta dental llamó su atención.
“Sin tocar el tubo, las letras eran lo suficientemente grandes para leerlas: dietilenglicol”, dijo Arias.
Hace un año, esa palabra no hubiera significado nada para él. “Nadie había escuchado nunca hablar de eso”, dijo Arias. Pero un constante flujo de noticias sobre el jarabe para la tos envenenado había grabado esa palabra en su mente.
“Era inconcebible para mí que una sustancia tóxica conocida que mató a toda esa gente pudiera venderse al público y que la gente siguiera con su vida tranquilamente, vendiendo y comprando esta cosa”, indicó Arias, que tiene un empleo de nivel medio en el gobierno y revisa los reportes ambientales. Arias pensó en alertar al empleado de la tienda, pero se imaginó que ninguna acción resultaría de ello.
Entonces, compró un tubo con el plan de llevarlo a las autoridades de salud. No fue fácil; pidió un día de permiso en el trabajo y terminó por visitar tres oficinas de salud y consultó a varios funcionarios.
Se preguntaba si algo resultaría de su queja.
Tres días después, obtuvo su respuesta cuando Camilo Alleyne, médico y funcionario de salud de alto nivel de Panamá, anunció que un consumidor no identificado, en la Ciudad de Panamá, había encontrado pasta de dientes que contenía dietilenglicol. La noticia hizo sonar las alarmas.
En 2006, el gobierno, por equivocación, le había mezclado dietilenglicol mal etiquetado a 260 mil botellas de medicina para el resfriado, y Panamá aún estaba pagando las consecuencias. El día anterior al anuncio de Alleyne, un artículo de primera plana en un periódico panameño reportó el hallazgo de The New York Times de que el dietilenglicol en la medicina para el resfriado provenía de una compañía china no certificada para vender ingredientes farmacéuticos, y que se había vendido bajo una etiqueta falsa.
“Teníamos una buena idea de dónde provenía”, dijo Reynaldo Lee, director de la agencia nacional de protección alimenticia, en referencia al dentrífico. Sospechaba de China, y los registros de embarque demostraron que estaba en lo correcto.
A medida que crecieron las quejas, el gobierno de China defendió a los fabricantes legítimos que usaban dietilenglicol como agente para espesar la pasta dental, y dijo que no había causado problemas de salud entre los consumidores chinos.
Los funcionarios fuera de China tomaron un enfoque diferente. “Deberían disculparse con el mundo, y no decir que no es peligroso”, dijo Dora Akunyili, que dirige la Agencia Nacional para la Dirección y Control de Alimentos y Medicamentos en Nigeria. “Esto es ridículo”.
Al igual que Panamá, Nigeria había tenido su propio encuentro letal con el dietilenglicol cuando docenas de niños murieron, en 1990, a causa de medicina que también contenía el veneno.
En julio, China ordenó a sus fabricantes que dejaran de usar el dietilenglicol en las pastas de dientes.
La decisión acaparó los titulares alrededor del mundo. El nombre de Eduardo Arias no aparecía en ningún lado, pero a él no parecía importarle. “Por lo menos contribuí en algo”, señaló.
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