El próximo martes los diputados esperan aprobar en segundo debate el proyecto de Ley de Repetición que posibilita al Estado demandar a funcionarios, que por su negligencia, tomaron resoluciones que motivaron indemnizaciones.

La idea de los diputados es aprobar esta ley para que quienes tomen la decisión de cerrar el Congreso Nacional, como se ha anunciado, asuman el pago de las posibles indemnizaciones para sus legisladores.

El proyecto fue iniciativa del ex procurador, José María Borja, y con ajustes del actual procurador, Xavier Garaicoa, y la comisión legislativa.

El informe será presentado hoy ante la secretaría para que sea incluido en la agenda del martes próximo.

El presidente de la Comisión de lo Civil y Penal, John Argudo (ID), indicó que  el ofendido demanda  al Estado por atropellos a sus derechos y este paga una indemnización; pero con la ley el Estado tiene  el derecho de enjuiciar al funcionario, por su mala actuación, la devolución de  esos recursos pagados por concepto de compensación.

Por ejemplo, dijo, todas las demandas por violación de los Derechos Humanos van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa instancia lo que hace  es sentenciar al Estado el pago de una indemnización por el daño causado.

Lo que al momento el Estado hace  es pagar, y el funcionario que tomó la decisión que afectó al denunciante no tiene ninguna culpa; por lo tanto, con esta ley se pretende que  el funcionario asuma su responsabilidad en las decisiones que tome.