Aunque la vigencia de la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que beneficia a los presos sin sentencia, será a partir del 23 de octubre próximo, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) aún no establecen el número de presos que a nivel nacional se beneficiarán de la norma constitucional que determina la libertad de los reos sin sentencia.

Según estadísticas del CNJ, actualizadas hasta julio pasado, existen 11.904 presos que no han recibido sentencia, de los cuales 7.380 corresponden a procesos sancionados por delitos de reclusión (de 5 a 10 años) y 4.524 sancionados con penas de prisión (de 1 a 5 años).

De los 7.380 procesos iniciados por delitos de reclusión, 2.839 son causas nuevas que se tramitan hace siete y ocho meses; mientras, de los 4.524 procesos por delitos de prisión, 1.900 tienen entre tres y cinco meses de trámite.

No obstante, según el fiscal de Pichincha, Washington Pesantes, no hay estadísticas confiables sobre el número de presos sin sentencia que se acogerán a la disposición constitucional.

A su juicio, esta es una falla reconocida por los operadores de justicia y que obedece a la falta de una política criminal del Estado, que encargue a un organismo la investigación del delito, la elaboración de una estadística confiable y, sobre todo, unifique procedimientos en el trabajo con el sector.

Igual criterio mantiene el director ejecutivo del CNJ, Gustavo Donoso, quien considera complicado dar el número de personas que podrían acogerse a la norma constitucional y  aunque podría ser una cifra preocupante.

Como ejemplo de la variación de las cifras, Donoso mencionó que en julio pasado el número de detenidos en el país era de  20.350; pero a la fecha y sin tener un desglose de los delitos, el número alcanza a los 17.925.

A juicio de Donoso, entre las causas que provocan el incremento de presos sin sentencia se cuenta el déficit de juzgados en el país y los incidentes que generan los abogados para dilatar el trámite de las causas.

Este último punto, dijo, será solucionado si el Congreso Nacional emprende una reforma al Código de Procedimiento Penal, que determine la simplificación de las audiencias de juzgamiento, que ahora se suspenden por reiteradas ocasiones si una de las partes no concurre.