¡Ciento sesenta millones de dólares destinados a la elaboración de una nueva Constitución! Debió hacerse de otra forma menos costosa y con criterio profesional: una inversión en verdad provechosa con amparo a los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano para impulsar el desarrollo económico y social de la nación.

La Asamblea es simple y llanamente para redactar una nueva Constitución (una más. Hemos tenido bastantes anteriores).  Su deber es sentar bases sólidas para erradicar la corrupción a todo nivel, lo que más daño hace al país, pues no queremos otro heredero de Fidel Castro –como lo es Hugo Chávez en Venezuela, caudillista  autoritario– y que no siga siendo un simple eslogan del Servicio de Rentas Internas, el pensamiento que dice: “Los impuestos son el precio que se paga para tener una sociedad civilizada”.

El compromiso del voto debe ser objetivo y solidario con las aspiraciones del pueblo de tener una sociedad civilizada, libre de la corrupción, prepotencia, desgobierno, o doctrinas carentes de lógica humana que perturben la paz familiar, y por ende, la patria toda.

Fernando Enrique Guzmán Martínez,
ingeniero comercial, Guayaquil

Entre los cambios que deben darse en la Constitución está el sistema penitenciario convirtiéndolo en un gran centro de reeducación social e instituto de investigación científica, administrado por la ingeniería militar y Alta Comisión de los Derechos Humanos, con un megataller de todos los oficios, una escuela de cursos básicos, y gran dispensario médico para altas cirugías de emergencias.

Para ello se reformaría el Código Penal para que no imponga como sanción en las sentencias “años de prisión o reclusión”, y en su lugar diga se “lo condena a la imposición de tantos años de reeducación social y laboral en las infracciones cometidas”. La prisión solo se la denominará cuando sea provisionalmente mientras se investiga, o para las contravenciones;  privación de la libertad que la cumplirán en cárceles solo para ese fin. De esta manera los presos laborarían de acuerdo a una clasificación por su delito cometido, cultura, edad, salud y conocimiento de oficios, manteniéndolos siempre ocupados con rigidez militar.

Con la venta de los productos del trabajo de los internos, se les pagará un sueldo especial del 50% del salario básico, para que con un porcentaje sea  parar su alojamiento, alimentación, uniformes, atenciones de salud, y el saldo les sea depositado en una cuenta de cooperativa para que ganen intereses. El total ahorrado les será entregado cuando egresen definitivamente. Así los delincuentes sabrán que ir a las cárceles ya no será para delinquir, consumir drogas y tener comida gratis sin hacer nada.

Johnny Suárez Rodríguez,
abogado, Guayaquil

Será difícil elegir en ‘sábanas’ con tanto número, foto, dibujo. Lo mejor es llevar nuestra polla, con nuestros candidatos bien escogidos mediante su alto conocimiento en elaborar leyes.
Arturo Soto,
Riobamba