La participación activa del Gobierno en la campaña electoral, la violación grosera a la ley que esto significa y el silencio del llamado “tribunal de bolsillo” frente a esta conducta deja flotando algunas interrogantes. Lo más probable es que si el Gobierno hubiese respetado la ley –o si el “tribunal de bolsillo” la hubiese hecho respetar– y no hubiese participado en las elecciones, su lista habría obtenido de todas maneras una holgada presencia en la Asamblea. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué empañar un triunfo que habría sido incuestionable?
Si el Estatuto, preparado por el propio Gobierno y aprobado por el pueblo, no contempla que la Asamblea tenga potestad para disolver el Congreso Nacional y menos para reemplazarlo con una Comisión no elegida en comicios democráticos, ¿por qué insistir que la Asamblea deberá disolver el Congreso? ¿Por qué decir que así pasó en Colombia cuando, primero, se sabe que no es verdad, y, segundo, que lo que importa es que acá en el Ecuador el pueblo no autorizó a hacerlo y punto?
Si el Gobierno goza de tanta popularidad y si ha dicho y repetido que le importa un bledo lo que la prensa diga, ¿por qué entonces los ataques e insultos a ella, que rayan en un delirio enfermizo? ¿Por qué el vandalismo contra las oficinas de este Diario, el juicio por “desacato” contra otro, o la persecución contra el hermano de un incómodo periodista?
Son algunas de muchas otras situaciones (el cierre del Congreso con la Policía, el asalto al Tribunal Constitucional, la manipulación electoral con la creación de nuevas provincias, etcétera) que únicamente se explican por esa suerte de adicción por copar todo el poder posible. El poder de nada sirve si no lo tengo todo a mis pies: cortes, fiscalías, parlamento, prensa, municipios, Banco Central, superintendencias, tribunales, empresarios, fuerzas armadas. Mi narrativa será la única que se escuche. Y mediocre el que disiente, y patriota el que adule.
Esta voracidad por el poder generalmente la necesitan los gobiernos para ocultar y silenciar sus fracasos económicos. Hasta ahora la economía que conocemos es la del subsidio y la de las emergencias para evitar licitaciones. Pero no la del crecimiento, no la de las oportunidades, no la de la creatividad, no la de la concertación. El poder total será muy útil ciertamente cuando salgamos “ordenadamente” (según se ha prometido) de la dolarización. Pero no para fomentar el desarrollo económico e institucional.
El camino hacia el Estado total no terminará con la Asamblea. Hay el riesgo que ella sea simplemente su comienzo. La historia de Latinoamérica y de otras naciones está llena de estos experimentos totalizadores que se han instaurado gracias a las instituciones que nacieron precisamente para evitarlos.
Es una ironía que ya la advirtió Maurice Joly en 1864 en su famoso diálogo imaginario entre Montesquieu y Maquiavelo en el Infierno, sobre cómo las asambleas constituyentes y los referéndum terminan erigiendo estatuas a los dictadores, o Friedrich von Hayek, (Premio Nobel 1974) en su conocida obra Camino a la Servidumbre.