El caso que investigaba el perjuicio de $ 17,9 millones que sufrió el Estado ecuatoriano por la compra frustrada de dos helicópteros Bell para la Armada en 1997, fue declarado prescrito (caducado) por la jueza Segunda de lo Penal de Pichincha, Ángela Sarmiento.

La resolución, que permite el archivo inmediato de la causa, deja sin piso el pedido de extradición en contra del representante de la empresa Panamerican Organization Properties (POP), Antonio Orrantia Vernaza, a quien la Fiscalía acusó de peculado por este caso.

La resolución de la jueza, dictada el 16 de agosto pasado, se fundamenta en la decisión de los ex jueces de la Tercera Sala de la Corte Superior de Quito: José García Falconí, María de los Ángeles Montalvo y Jaime Miño Villacís, quienes redujeron el delito de peculado (imprescriptible) –por el que inició la causa– al de estafa, cuya posibilidad de seguirlo caduca en cinco años.

En el presente caso, según la providencia de la jueza, procede la prescripción pues transcurrieron más de cinco años desde la fecha en la que se inició el proceso (diciembre del 2002); tampoco existe constancia de que Orrantia Vernaza haya cometido una nueva infracción, que interrumpa el archivo de la acción.

En otro juicio, seguido por este mismo delito, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (en junio del 2006) sentenció a la compañía POP y a Orrantia Vernaza  a  restituir a la Junta de Defensa Nacional (JDN) dos helicópteros Bell, para reparar el perjuicio ocasionado al Estado ecuatoriano, que canceló $ 17,9 millones  por la adquisición de las aeronaves, que no fueron entregadas.

Así también ordenó a la POP cancelar las indemnizaciones por incumplimiento del contrato.

El juicio del Juzgado Segundo  de lo Penal tiene como antecedente la firma de un contrato entre la JDN y la POP (en 1997) para la compra de los helic´pteros por $ 35,8 millones.

Se hizo el primer desembolso, pero el segundo se atrasó, por lo que POP comenzó una demanda y no entregó las aeronaves.