La presión de los obreros del Gobierno Provincial del Carchi (GPC) fue determinante para que la Corporación Provincial diera marcha atrás en la ejecución de una ordenanza que sancionaba de manera drástica a quienes hicieran mal uso de los vehículos y maquinarias del organismo seccional.

La ordenanza, aprobada en el mes de julio, disponía descuentos del 50% o 100% del sueldo, e incluso el despido de los trabajadores, cuando estos automotores tuvieran desperfectos, resolución que fue rechazada por los miembros del sindicato de este organismo.

El pasado lunes los talleres del GPC amanecieron tomados por los sindicalistas, mientras en el seno del Consejo Provincial del Carchi una comisión de los obreros provinciales  hizo conocer las razones legales por las cuales la nueva ordenanza era inaplicable.

Durante la realización de la sesión del martes los obreros fueron apoyados por una manifestación de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas.