El primer decreto se firmó en julio pasado y desde entonces solo creó la Defensoría Pública.
Dos decretos de emergencia en menos de un año y los 18.024 internos que se registran hasta julio pasado, esperan impacientes que mejore la situación en las cárceles.
El presidente del comité de internos de la Cárcel Nº 1, Jeancarlos Aragundi, menciona que se avanzó poco tras la declaratoria de emergencia. Por ello –dijo– no descarta tomar medidas si la situación no cambia.
Asegura que el Presidente de la República tiene buenas intenciones, pero los “mandos medios” entorpecen la ejecución del decreto.
El dirigente acusa al director nacional del Centro de Rehabilitación Social, Máximo Ortega, de no dar paso a las 80 prelibertades, ni atender las necesidades de los centros, como la entrega de medicinas.
Aragundi dice que el funcionario es “bien intencionado, pero está rodeado por las mismas mafias” de la anterior administración que impiden la ejecución de reformas.
El director de Rehabilitación Social, Máximo Ortega, se defiende y agrega que se avanza a buen ritmo en los proyectos.
Afirma que no está rodeado de mafias, pero no hace caso a esas acusaciones, porque su atención se centra en conseguir recursos económicos para cubrir las deudas heredadas.
Desde el Gobierno se habló de asignar 40 millones de dólares para la emergencia carcelaria, pero el director de cárceles asevera que se han transferido cinco millones que se encontraban represados de anteriores emergencias, en el Fondo de Ahorro y Contingencia FAC. (ver entrevista adjunta).
El primer decreto de emergencia se emitió el 6 de julio pasado. El Gobierno tomó esa medida para “remediar las deficiencias por las que atraviesa este sector”. No obstante, en este tiempo poco se avanzó, lo que originó una prórroga de dos meses más.
Uno de los principales avances para la implementación de estos decretos es la creación de la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública, instaurada mediante decreto ejecutivo el 17 de agosto.
La dependencia cuenta con seis millones de dólares hasta diciembre para implementar la Defensoría Pública, que permitirá a los internos tener un abogado gratis.
El director de la Unidad, el ex diputado de la ID, Gabriel Pazmiño, determinó, después de realizar una evaluación preliminar al sistema carcelario, que existe el 70% de juicios sin sentencia.
Así, desde el martes pasado se hizo la convocatoria pública en los periódicos de circulación nacional para contratar entre 250 a 300 profesionales que brinden sus servicios de defensa penal. La convocatoria fue abierta para estudios jurídicos, fundaciones o dependencias de iglesias y universidades.
Estas organizaciones deberán demostrar que cuentan con infraestructura apropiada para prestar asistencia legal penal.
En principio, el proceso arrancó en Quito y Guayaquil. En ambas ciudades se contratarán a 20 centros legales con un mínimo de 10 abogados.
La intención es abarcar aproximadamente 3.500 procesos penales que están represados en estas dos ciudades, debido a que los reos no disponen de recursos económicos para contratar un abogado.
No obstante, el director nacional de Política Penal del Ministerio Público, Mario Segovia, piensa que la creación de la Unidad es “burocrática”, pues, ¿de qué sirve contar con un buen abogado si no existe celeridad en los procesos judiciales?, se preguntó.
Pazmiño coincide con esta interrogante y anunció que hay un ofrecimiento de la Corte Suprema de Justicia para apoyar este proceso con la creación de tribunales penales por un costo de 15 millones de dólares.
La idea es constituir tres juzgados en Quito y cuatro en Guayaquil para acelerar los procesos y cumplir con el ofrecimiento gubernamental de no tener presos sin sentencia.
Cifras
2.238
Internos. Estos reos han cumplido con las 2/5 partes de la condena. Alrededor de 6.111 están sentenciados.
40
Millones. Es la suma que el Gobierno se comprometió a entregar para la aplicación del decreto de emergencia.
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