En un nuevo intento por controlar el precio del pan, el régimen anunció que comprará la harina a molineras nacionales, a precio de mercado, para luego revenderla a los panificadores a menor costo.

El Gobierno anunció ayer que subsidiará el costo de la harina que adquieren los panificadores, para así frenar el alza del precio del pan.

Aunque en las últimas semanas se analizaba una posible importación de harina desde Argentina, como alternativa al elevado costo del trigo, el régimen optó por asumir el precio real del producto y abaratarlo para el sector panificador.

Tras la resolución del Consejo de Comercio Exterior (Comexi) para fijar en cero el arancel (impuesto) para la importación de harina, esta es la segunda alternativa que encontró el Gobierno para enfrentar el incremento del precio del pan.

En un primer momento, el Gobierno adquirirá 11.000 toneladas de harina a las industrias molineras del país, a un precio real de $ 25,50 por quintal; y a través del Banco Nacional de Fomento, lo venderá a los panificadores a  $ 22.

Los industriales del sector estimaron ayer que de mantenerse el subsidio, el costo anual para el Estado sería de unos 90 millones de dólares.

La medida generó críticas porque no resultó de un acuerdo y evidencia, según representantes del sector, “un claro tinte político”.

Algunos empresarios del sector no respaldan la medida; primero, porque no es el resultado de un acuerdo como era la intención, y segundo, porque las industrias que procesan la harina serán las que deban enfrentar el alto precio internacional del trigo.

Santiago Vergara, del grupo Superior, afirmó  que la medida ni les beneficiará ni les perjudicará.

Sin embargo, el mecanismo estaría definido únicamente para el mes de septiembre. Por ello, Vergara explica que el trigo que se procesará en octubre tendrá un costo más alto, por tanto, el precio real del quintal deberá subir 3 dólares más.

Otros empresarios creen que el BNF debe definir, primero, un sistema organizado de expendio de la harina, para evitar los problemas observados con la venta de la urea a los agricultores (especulación y venta preferencial a mayoristas).

La Sociedad Unión de Panaderos de Socorros Mutuos se mostró en contra de la decisión gubernamental.

Es una medida parche, afirmó el presidente de la Sociedad, Nicolás Lara, y evidencia –dijo– un “claro tinte político”, ya que estará vigente únicamente por dos meses.

Lo que el sector requiere, añadió, es una ayuda consistente para el transcurso de todo el Gobierno. Lara indicó que esta fue la petición que hicieron representantes del sector panificador al Ministro del Litoral, la semana pasada, durante una reunión sobre el tema.

Pero, mientras entra en vigencia la libre importación de harina y el subsidio a los panificadores, se mantiene pendiente el anuncio del presidente Rafael Correa para importar 20.000 toneladas de harina desde Argentina.


Reacciones
sectores

Panaderos
Nicolás Lara, representante de un gremio de panaderos, sostuvo que se trata de una medida ‘parche’.

Advertencia
Según los empresarios, podrían reproducirse los problemas que hubo en la venta de urea más barata.