Reunión.

El representante de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Máximo Ortega, manifestó ayer su preocupación por el fin de la emergencia carcelaria, que será el próximo 6 de septiembre.

Según el funcionario,  desde junio pasado, cuando el Gobierno emitió el decreto, solo se han asignado  5 millones de dólares para proyectos de rehabilitación y  10 millones de dólares para conformar la Unidad de Defensores Públicos.

“Hay varios proyectos que todavía no han sido cumplidos por falta de dinero”, refirió Ortega, quien dijo que  se necesitan   20 millones de dólares más para solucionar los problemas carcelarios básicos.

No obstante, sostuvo que “fuentes fidedignas” le informaron que el Gobierno podría ampliar la emergencia otros dos meses.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la reunión que mantuvo con el gobernador del Guayas, Camilo Samán; el director (e) de la Penitenciaría del Litoral, César Enríquez; y el ex representante de ese cargo, Juan José Hidalgo.

“Hemos limado asperezas entre todos y ahora somos un equipo de trabajo con mayor comunicación”, expresó Ortega, quien ofreció su respaldo a Hidalgo para que retorne a la dirección de la cárcel. Sin embargo, aclaró que es el Consejo Nacional de Rehabilitación Social el que decidirá si revoca la salida del ex director.

Al respecto, Hidalgo aseguró que está dispuesto a retomar su cargo si  la DNRS presenta las garantías necesarias de respaldo a su gestión.

En este sentido, Ortega se comprometió a incrementar el número de guías para la Penitenciaría en los próximos 30 días; a contratar un experto para que realice una auditoría en el área financiera de esa cárcel y adquirir una ambulancia para trasladar a los reos enfermos en casos de emergencia.

DETALLES: Pichincha

Censo
El ministro fiscal de Pichincha, Washington Pesántez, se reunirá mañana con los directores de los centros de rehabilitación de esa provincia a fin de coordinar acciones para la realización del próximo censo penitenciario.