Ofertas y pedidos marcan una aparente fluida relación entre el mandatario y los militares.

Desde que decretó la emergencia vial el 26 de febrero pasado, el presidente Rafael Correa ha comprometido unos 300 millones de dólares en contratos  y beneficios a favor de las Fuerzas Armadas.

Al Cuerpo de Ingenieros del Ejército le asignó $ 250 millones  para la reparación de la red vial del país, mientras que a la Armada le asignó el dragado del puerto de Guayaquil, que lo hacía una empresa privada por  $ 42 millones. Anunció además  la eliminación de aportes al Seguro Social para los militares retirados y la homologación salarial para los activos.

Según analistas, las ofertas, sumadas al llamado de Correa en la Academia de Guerra en Quito para que estén “atentas”, son una señal de que busca una alianza con las FF.AA.

“No hay que hurgar mucho para darse cuenta de que está politizando a la institución”, manifiesta Bertha García, analista en temas civiles-militares de la Universidad Católica de Quito.

Mientras el Mandatario llama a la institución a mantenerse “atenta” en el proceso que definirá la conformación de la Asamblea, le  plantea una serie de ofrecimientos  económicos y políticos, como la  homologación salarial,  el voto militar y la  ampliación del espectro empresarial. Sus promesas generan expectativa en los cuarteles.  

Qué espera Rafael Correa de las Fuerzas Armadas? ¿Respaldo para su proyecto político? ¿Apoyo para sostenerse si no logra captar una mayoría afín en la Asamblea Constituyente?  ¿Reciprocidad?
Las señales enviadas por el Mandatario hacia  los cuarteles apuntan a esa dirección, reflexionan analistas y militares. Más aún cuando   las llamó a  mantenerse “atentas” frente a lo que calificó como una  “guerra sin límites y sin escrúpulos” que  –dijo– desatarán los grupos de  oposición en la campaña  hacia la Asamblea Constituyente.

Lo hizo  en una unidad militar:   la Academia de Guerra de San Rafael, en las afueras de Quito.  “Estos dos meses van a ser extremadamente duros”, expresó   Correa –el 3 de agosto– en un eufórico discurso que no estaba previsto.  “Saben que la ciudadanía va a vencer aquel 30 de septiembre. Entonces atentos, queridos compañeros”, añadió Correa tras aclarar que no  les pide respaldo para él o  su gobierno, sino “para todo un pueblo que anhela el cambio”.

La catedrática Bertha García, analista de las relaciones civiles-militares de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), cuestiona este tipo de llamados porque –dice– desembocan en una politización.

“La historia nos demuestra que  cuando se convoca a los militares se suele subvertir el orden democrático, pero bajo el llamado de los civiles.
No hay que hurgar mucho para darse cuenta de que (Correa) está politizando a la institución al  apelar a funciones que  no corresponden a los militares”, dice.

A las puertas del proceso electoral que definirá incluso su permanencia en Carondelet (él mismo ha dicho que pondrá su cargo a disposición de la Asamblea), el Mandatario seduce a los uniformados con sus ofertas económicas:   homologación de sueldos, la entrega de $ 250  millones al Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE)  para la rehabilitación vial –pese a que  no cuenta con la infraestructura y debe subcontratar– y la subvención de las aportaciones individuales de los pensionistas.

¿Correa   promete y compromete con sus ofrecimientos? En el interior de La Recoleta, complejo del Ministerio de Defensa,   se comenta que sí. “No es necesario que sea  explícito. Se entiende que si están de su lado, el Presidente va a hacer lo posible por mejorarles  su situación”, reflexionan fuentes civiles allegadas al Comando Conjunto.

Pero para el viceministro de Defensa, Miguel Carvajal, las ofertas de Correa no buscan poner “en compromiso”. “Lo que el Presidente dijo es que vamos a tener unos meses de campaña, unos meses durísimos, (que) estemos todos preparados”.

Su trato  con los militares es cordial y, en ocasiones, hasta logra un ambiente de camaradería. Cuando acude a los cuarteles –lo hace desde antes de  iniciar formalmente su mandato– desayuna, almuerza o cena en la misma mesa con los soldados.  Se cuentan   chistes y se deja fotografiar con esposas e hijos.

El  discurso del Jefe de Estado  ha generado expectativas en las filas militares. “Nosotros estamos contentos porque se está haciendo realidad algo que   anhelábamos”, dice un coronel.

Esta atmósfera contrasta con la situación dentro del Alto Mando.
Allegados describen  el ambiente   como “sensible” por un aparente distanciamiento de la ministra de Defensa, Lorena Escudero,  y porque existe un ala conservadora que prefiere mantener   distancias de la postura política del Gobierno.

Ante esta situación, Correa ha optado por acercarse directamente a los militares. Su hombre de confianza  en el Alto Mando es el vicealmirante Homero Arellano, comandante de la Fuerza Naval, unidad donde más  aceptación tiene.  Sus relaciones con él son mejores que con el general Héctor Camacho, jefe del Comando Conjunto, con quien tiene un trato más frío, refieren sus allegados.

En La Recoleta se comenta  que   Arellano –compañero de banca del vicepresidente Lenin Moreno en el colegio Mejía–  asumirá  el control  en el   mediano plazo. Sus otras “anclas” son el  subsecretario de Defensa,  general Jorge Peña, y   Pablo Dousdebés,  jefe de la Casa Militar.

Las ofertas de Correa también abarcan lo  político.  El Ministerio de Defensa remitió su proyecto   a la Comisión de Juristas del Conesup, que elabora un  borrador de la Carta Magna.  Propone que los militares accedan al voto (en el Conesup  hay un preacuerdo para no permitirlo) y pide  que ellos no sean  garantes del orden  jurídico.

Es que  las Fuerzas Armadas han jugado el papel de árbitros. Basta  recordar las “caídas”  de Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005). “Correa quiere apoyo, pero no pasar por lo mismo que sus antecesores”, dice un experto en temas militares.

César Durán Abad, ex jefe del Comando Conjunto,  discrepa con este punto. “Las Fuerzas Armadas tienen que dar seguridad a las instituciones y al Estado; no estoy de acuerdo con que se quite por quitar un tema de estos sin poner algo específico. Alguien tiene que garantizar el ordenamiento jurídico”.

El régimen propone, además,    ampliar  su espectro empresarial  al agregar que, a más de actividades  vinculadas a  la defensa,   participen “subsidiariamente en el desarrollo social y económico de la población, acorde a las políticas del Estado”.

El politólogo Alexei Páez, investigador de temas militares de la Flacso, piensa que, más bien, hay que poner un alto  y transparentar las cuentas, una de sus mayores “debilidades”.

El holding militar está compuesto por 42 empresas, aunque unas se fusionaron y los registros de Defensa muestran  31. En La Recoleta  se habla en voz baja de la situación deficitaria de la mayoría y la ejecución de proyectos que superan su capacidad (el CIE es un ejemplo).

Otra   propuesta     se relaciona con el fuero especial que  tiene la fuerza pública para el juzgamiento de las infracciones cometidas en sus labores. En caso de infracciones comunes estarán sujetos a la justicia ordinaria, establece la Constitución.

El régimen mantiene esta medida, una de las más cuestionadas por organismos de derechos humanos, pero con otro orden: “Si las infracciones fuesen cometidas en actos de servicio serán sometidos a sus propias leyes, dentro de la respectiva unidad jurisdiccional”.

Es lo mismo, pero con otras palabras, opina Fernando Gutiérrez,  de la Comisión de Juristas, quien rechaza cualquier tipo de fuero especial porque –dice– lleva  a la impunidad.

Propuestas

Fuero especial
La Constitución  dice que  estarán sujetos a fuero especial en  el juzgamiento de las infracciones cometidas en  sus labores; en caso de infracciones comunes, a la justicia ordinaria. El Gobierno propone que sean  “juzgados por la justicia ordinaria en caso de infracciones comunes. Si las infracciones fuesen cometidas en actos de servicio, serán sometidos a sus propias leyes, dentro de la respectiva unidad jurisdiccional”.

Actividades
El Gobierno piensa que el desarrollo de las actividades empresariales no afecta “la profesionalización creciente” de las Fuerzas Armadas. De ahí que propone que al art. 190 de la Constitución, que dice que “podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional”, se sume este texto: “Y subsidiariamente en el desarrollo social y económico de la población, acorde a las políticas del Estado”. 

Sufragio
El régimen propone que en la nueva  Constitución se establezca el voto para los miembros de la fuerza pública, hasta ahora restringido,  pero con  regulaciones: podrán elegir, pero no ser candidatos para dignidades de elección popular; no se podrá realizar proselitismo político al interior de los recintos militares o policiales (no especifica si lo podrán hacer afuera); y no podrán afiliarse a partidos y movimientos políticos.
 
Ordenamiento
La actual  Constitución –en su artículo 183– señala que las Fuerzas Armadas   tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. El Gobierno propone eliminar esta última parte y la Comisión  del Conesup está de acuerdo, pues –se piensa– esto evitará que jueguen el papel de árbitros en conflictos sociales.    

Servicio militar
La Carta Política vigente establece –en su artículo 188– que el servicio militar será obligatorio. “El ciudadano será asignado a un servicio civil a la comunidad, si invocare una objeción de conciencia fundada en razones morales, religiosas o filosóficas, en la forma que determine la ley”. El Gobierno propone reemplazar el texto en la Constitución y fijar que  “el servicio cívico-militar para hombres y mujeres será voluntario”. 
Consejo
El artículo 189 de la Carta Magna dice que “el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), cuya organización y funciones se regularán en la ley, será el organismo superior responsable de la defensa nacional, con la cual los ecuatorianos y los extranjeros residentes estarán obligados a cooperar”. El Gobierno propone dejar este texto, pero con un agregado: que el Cosena también será responsable de la seguridad.