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¿De conformidad con la ley? |
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Entre las frases más repetidas en la vigente Constitución quiero destacar esta: “de conformidad con la ley”.
Hay otras similares: “que determine la ley”, “serán establecidas por la ley”, “hasta que se dicte la ley”, etcétera.
Todas ellas prueban que, básicamente, la Constitución es un núcleo de principios y normas a ser desarrollados en leyes, que deben guardar plena armonía con aquellos, so pena de violarlos y, por lo tanto, provocar inconstitucionalidades frustrantes.
Pero, ¿cómo los que redactan una Constitución, con patriotismo y buena fe, hasta alcanzar un texto aceptable y aceptado por la mayoría, pueden estar seguros de que efectivamente va a regir y a cumplirse, si del dicho al hecho hay tanto trecho?
Mirando la historia y el presente, puedo afirmar que no ha habido, no hay, ni creo que habrá quien pueda garantizar tal vigencia y cumplimiento.
Sin embargo, no podemos quedarnos inertes ante esa constatación, si es que usted la comparte.
Algo hemos de intentar para conseguir que las buenas intenciones y los cambios positivos que se van incorporando en cada nuevo texto constitucional tengan vida y den los frutos esperados y necesarios para el bien común.
Alguna fórmula debemos crear para que el pueblo mandante y los asambleístas mandatarios no vean burlados sus esfuerzos y sacrificios, por quienes tienen que crear, adaptar, reformar o interpretar las leyes que viabilicen la Constitución.
Por eso invito a usted a pensar y proponer soluciones que permitan el pleno desarrollo de la Constitución en una legislación coherente con ella y, al mismo tiempo, exigente, con el pueblo y sus mandatarios.
Por mi parte sugiero que, sin perjuicio de los sistemas oficiales ya existentes, desde la ciudadanía se ejerza un control de la constitucionalidad de la legislación, por las acciones y omisiones parlamentarias.
Esas expresiones ciudadanas deben tener la fortaleza moral y académica suficiente para producir una presión coercitiva, con el apoyo de la opinión pública, ante las instancias y tribunales que deban hacer cumplir los mandatos constitucionales.
Por ejemplo, las facultades de Jurisprudencia, los colegios y academias de Abogados y, en general, los grupos de esos u otros profesionales, o de ciudadanos organizados, cumplirían ese rol cívico, mediante sus análisis, conclusiones y recomendaciones.
No hay que olvidar que el pueblo, a través de sus instituciones, debe ser permanente actor de la vida política del país y no solamente comparsa en tiempo de elecciones.
Para eso ha de educarse y agruparse, compaginando el progreso en su saber con la acción en común, entre quienes comparten inquietudes, necesidades y aspiraciones para alcanzar una mejor vida y el ejercicio pleno de los derechos que le reconoce la Constitución y le desconocen algunos actores de la política nacional o local.
¿Valdrá la pena preocuparse de exigir y conseguir que las leyes se expidan de acuerdo a la Constitución y no la conviertan en letra muerta, por omisión, o la desnaturalicen por violación? ¿Sería tan amable en darme su opinión? |
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| David Barzallo* |
Nuestro invitado | |
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| Editorial New York Times |
Opinión Internacional | |
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