La Asamblea Constituyente de Bolivia resolvió este miércoles retirar de su agenda una polémica propuesta de traslado de la sede del Gobierno nacional a la ciudad sureña de Sucre, que amenazaba con impedir la aprobación de una nueva carta magna, informaron medios locales.
La decisión de la asamblea, respaldada casi exclusivamente por el oficialismo, era aplaudida en La Paz y provocaba duras protestas en Sucre, sede de la asamblea, donde dirigentes cívicos y estudiantiles amenazaban con tomar a la fuerza el teatro donde se realizó la votación, dijo la cadena radial Erbol.
La emisora indicó que la resolución, que dispone retirar del debate de la nueva carta magna la designación de la capital de la república, fue aprobada por 134 votos contra 80, de una asamblea de 255 miembros.
"Vamos a recurrir a todas las instancias legales y otras medidas para revertir esta medida impuesta de forma dictatorial", dijo a Erbol el rector de la Universidad San Francisco Xavier de Sucre, Jaime Barrón, uno de los dirigentes del movimiento en favor del traslado de la capital.
Barrón agregó que cinco representantes de Sucre en la asamblea se declararon en huelga de hambre, para exigir la anulación de la resolución conque el oficialismo pretendía destrabar las deliberaciones del organismo redactor de la nueva carta fundamental.
Sucre es por ley la capital de Bolivia, pero tiene sólo la Corte Suprema, en tanto que los poderes Ejecutivo y Legislativo funcionan en La Paz desde la segunda mitad del siglo XIX.
La petición de traslado de todos los poderes a Sucre, apoyada por la oposición, provocó un duro enfrentamiento regional que paralizó las labores constituyentes por más de un mes.
Luis Revilla, presidente del Concejo Municipal de La Paz, dijo que la resolución de la asamblea era "acertada, enmarcada en los reglamentos y respetuosa de la unidad nacional".
"Esperamos que con esto se dé de una vez por definido y resuelto el tema de la capital", añadió, al anunciar que por ahora quedaba sin fecha de realización un paro de "defensa de la sede de Gobierno" en La Paz, decidido por un cabildo o asamblea popular de más de 1 millón de personas realizado el mes pasado.
El presidente Evo Morales pidió varias veces que el tema de la sede del Gobierno no sea tratado por la Asamblea Constituyente, para no poner en peligro la unidad nacional.
La nueva constitución, que la asamblea debería aprobar hasta diciembre, fue prometida por Morales para "refundar" Bolivia con mayor poder político a la mayoría indígena y un modelo económico controlado por el Estado.
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