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Contraloría investiga además de Cevallos, a 33 legisladores |
Agosto 14, 2007
QUITO
Al igual que el presidente del Congreso Nacional, Jorge Cevallos, otros 33 diputados están bajo sospecha de enriquecimiento ilícito por no entregar hasta la fecha su declaración juramentada de bienes, de acuerdo a un informe de la Contraloría General del Estado.
Según el contralor, Carlos Pólit, 17 legisladores principalizados –tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de destituir a 57 diputados– y otros 16 suplentes que actuaron en reemplazo de los titulares, no cumplieron su obligación de presentar su declaración de bienes, lo cual, por mandato legal, hace suponer el cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito.
La indagación sobre este incumplimiento se inició por las denuncias públicas de un grupo de diputados destituidos, que acusaron a Cevallos de enriquecimiento ilícito por no incluir en su declaración de bienes (en su nueva gestión) la compra de la hacienda El Pajonal.
La investigación a Cevallos, según Pólit, se inició el pasado 6 de agosto, con una verificación preliminar en cuya orden de trabajo se pide indagar sus declaraciones juradas y cuentas bancarias por el periodo comprendido entre diciembre del 2002 y agosto del 2007.
Tras la denuncia, Pólit inició una investigación a los 100 diputados del Congreso, incluidos a los destituidos por el TSE y los suplentes que se principalizaron.
Según el informe de Contraloría, también existen otros 39 legisladores del periodo 2003-2007 que hasta ahora no cumplen con ese requisito, entre ellos el ex presidente del Congreso, Guillermo Landázuri.
En la nómina también constan: Magdalena Chauvet y Miriam Garcés (ambas de la ID); Alfonso Harb (PSC), Vicente Taiano (Prian), Alejandro Cepeda, Renán Borbúa (ambos de SP), Estuardo Remache (actual funcionario del Tribunal Constitucional) de Pachakutik, Jaime Estrada (reelegido UDC), entre otros.
Al momento, según Pólit, la Contraloría realiza un cruce de información entre las declaraciones de bienes de los 100 actuales diputados. A su juicio, afirmar que no presentaron la declaración porque fueron reelectos y porque lo hicieron al inicio del nuevo periodo, en enero del 2007, no es una justificación valedera.
En las investigaciones de estos casos, que en corto plazo determinarán si amerita o no hacer un examen especial, Pólit advirtió que “no aceptará presiones de partidos o movimientos políticos allegados, a favor ni en contra de nadie”.
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