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Gabriela Calderón | gcalderon@cato.org
Libertad en concesión
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Una de las cosas que Venezuela y Ecuador tienen en común es que recientemente sus gobiernos se jactan de haber logrado que un medio de comunicación pase a ser “de todos”. Dicen que han dado un paso hacia la “democratización de los medios”. Pero si observamos de cerca lo ocurrido, veremos que lo que en realidad ha sucedido es la estatización de dos medios que ahora obedecen a los gobiernos de Caracas y Quito, respectivamente.

RCTV, acusado de ser un canal golpista por otro golpista (Chávez en 1992), dejó de emitir su señal abierta a todos los venezolanos el 27 de mayo de 2007. Las telenovelas de mayor sintonía junto con los demás programas de entretenimiento que ofrecía este canal durante 53 años ahora solo pueden ser disfrutados por los venezolanos que pueden pagar cable (2/5 de la población), y por aquellos que tengamos acceso a YouTube. Es difícil comprender cómo quitarle a los más pobres –quienes no tienen cable ni televisión satélite– su canal favorito es una “democratización del espacio electromagnético”, como dice el Gobierno venezolano.

En lugar de RCTV ahora está el canal estatal TVES. El problema con TVES es su mínima sintonía: mientras que RCTV llegó a tener 35% de la audiencia, TVES no supera el 2,6%. TVES, supuestamente el canal “de todos”, en realidad no es ni independiente ni plural. Gustavo Hernández, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, concluyó en su análisis del canal estatal que “no existe comité de usuarios que sea nombrado de manera transparente, por lo que la gente no participa en el diseño de la programación”.

Ignacio Ramonet, quien dirige un periódico no “democratizado” (léase privado), dijo que respaldaba la medida del Gobierno venezolano de no renovar la concesión de RCTV puesto que considera que en Venezuela “hay un proyecto de crear una comunicación de servicio público que esté a la orden de la verdad, de la cultura, de la educación, de la sociedad y del pueblo”. Personas como Ramonet parecen creer que la verdad es solo una y que la cultura y las virtudes se imponen desde arriba.

La libertad de expresión se asegura cuando los individuos en una sociedad tienen la libertad de decidir por sí solos qué leer, qué escuchar y qué ver. Esto implica que no hay una verdad oficial ni definición oficial de la cultura.

Si algo podemos aprender del caso de RCTV es que la libertad de expresión no se puede dar en concesión. En muchos países los gobiernos son dueños del espacio electromagnético, dejándose la puerta abierta a que el día de mañana un Chávez utilice ese poder para tomar represalias en contra de cualquier piedra en su zapato.

Nuestro Presidente no hubiera esperado tanto para quitarle la concesión a RCTV ni considera que su cierre ha sido un golpe para la libertad de expresión en Venezuela. A veces se olvida de que el derecho a la libertad de expresión, inseparable de la libertad de prensa, no lo concede el Estado, pudiendo solamente reconocerlo y protegerlo.

En Ecuador no hay una mafia política y/o económica que controla los medios. Hay una vibrante prensa libre –con todos sus defectos y virtudes– que todos los días compite para acaparar la atención del público. En una sociedad libre, usted, como lector, radioyente o televidente, decide qué ver, qué escuchar y qué leer, no un gobierno con complejo de árbitro de la verdad y la moral. Por suerte, los medios oficiales suelen ser los más aburridos.
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