El Gobierno firmó un convenio para la instalación de puentes bailey.

El ministro de Obras Públicas, Héctor Villagrán, suscribió un contrato con una compañía china que jurídicamente no existe en el país.

En julio pasado se firmó el convenio por 4’910.636 dólares con la empresa china Hubei Huazhou para la provisión de 22 puentes tipo bailey que serán utilizados para atender la emergencia en la provincia de Tungurahua, afectada por la erupción volcánica.

Sin embargo, la compañía no aparece registrada en la Superintendencia de Compañías.

Este Diario intentó conversar con el representante en el país. En un primer intento contestó telefónicamente el ex diputado de la ID Bolívar Sánchez, quien dijo que no podía atendernos porque se encontraba en una reunión, minutos después su asistente, Anita Quiroz, afirmó que salió de la ciudad.

Quiroz explicó que el apoderado de la empresa es el ingeniero Jorge Luis Sánchez Saucedo, pero cuando se le consultó sobre la participación en esta empresa del ex parlamentario respondió que “esa información es reservada”.

La Dirección de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas informó a este medio que el contrato se suscribió con el ex legislador. En la página web de la institución se muestra una gráfica de Sánchez junto al ministro de Obras Públicas, Héctor Villagrán, durante la firma del contrato.

No está registrada
La asistente del ex diputado admitió que la “compañía no está legalmente registrada”. La compañía recién se presentó para esta licitación, pero –asegura Quiroz– este requerimiento “no hace falta porque presentaron garantías bancarias”, agregó.

La Ley de Compañías en su artículo 415 sobre las empresas extranjeras establece que “se presentará a la Superintendencia de Compañías los documentos constitutivos y los estatutos de la firma, un certificado expedido por el Cónsul del Ecuador que acredite estar constituida y autorizada en el país de su domicilio y que tiene facultad para negociar en el exterior”.

El asesor del Ministro de Obras Públicas, Jaime Venegas Pérez, dijo desconocer si ellos constan o no como compañía en el país. “No sé cuáles fueron los requisitos que se solicitaron a la época. O tal vez a la fecha sí cumplían con los requerimientos”, citó el funcionario.

Aseguró que esta licitación se realizó amparado en la emergencia decretada para enfrentar las consecuencias del volcán Tungurahua durante el anterior gobierno. En esta licitación se enviaron ocho invitaciones, de las cuales contestaron cuatro adjudicándose a esta empresa como la “más conveniente para el país”.

Informe desfavorable
Sin embargo, la Contraloría General del Estado con fecha 17 de mayo emitió informe un desfavorable a este contrato, en el que se establece que “no se evidencia el fundamento para haber invitado a presentar ofertas a una empresa cuyo objeto social “no contempla la venta o provisión de puentes, como es el objeto de este concurso”, señala el documento.

Además establece que los oferentes no presentaron los documentos expedidos en el exterior debidamente legalizados por el Cónsul del Ecuador.

Venegas aseguró que la contratación la “resucitaron” en este gobierno y debido al informe desfavorable de la Contraloría, se hicieron las aclaraciones de carácter técnico legal y con fecha 15 de junio el organismo de control emitió un dictamen favorable pero con diez observaciones y recomendaciones.

Una de estas recomendaciones señala que se especifique la ubicación de las quebradas, en la zona afectada por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua, en las cuales se implantarán los puentes.

Quebradas
En las zonas rurales de los cantones Pelileo y Baños, en Tungurahua, así como de Penipe, en Chimborazo, se observan quebradas formadas a raíz de las erupciones del Tungurahua en agosto del año pasado, aunque no se conoce en dónde se colocarán los puentes.