En su celda, en la prisión de Itagüí, a las afueras de Medellín, Salvatore Mancuso lee a Gandhi y libros de autoayuda, escribe mensajes para su abogados en un BlackBerry, mira con anhelo las fotos de su esposa, de 19 años, y su hijo, de ocho meses, y escucha música vallenata en su iPod. También medita sobre el significado de la guerra.
“No hay hombres buenos o malos en la guerra”, afirma Mancuso, de 42 años, uno de los principales líderes paramilitares de Colombia, en una entrevista divagadora. “Hay objetivos, y el objetivo de la guerra es ganar al combatir al enemigo, y al enemigo no se le combate con flores o rezos o canciones. Al enemigo se le combate con una arma en la mano, lo que produce hombres muertos”.
Como comandante y principal estratega de los escuadrones de la muerte que cometieron algunas de las peores atrocidades en la larga guerra interna de Colombia, Mancuso sabe mucho sobre matar. Puso en marcha planes que transformaron a las milicias paramilitares de una fuerza antiguerrillera en importantes traficantes de cocaína y en aliados, o amos, según algunos, de funcionarios de alto nivel en todo el gobierno de Colombia.
Ahora que ese capítulo de la guerra cede a un conflicto más mitigado, Mancuso pasa sus días en prisión, al lado de otros líderes paramilitares, como parte de un trato para confesar sus crímenes y pagar indemnizaciones a sus víctimas. Este arreglo le permite pasar sólo ocho años en prisión, y quizá menos, antes de reingresar a la sociedad.
Sus confesiones han alimentado el indignante escándalo por las revelaciones de lazos entre paramilitares y una red de políticos de élite, generales del ejército y espías, casi todos seguidores del Presidente Álvaro Uribe.
“Éramos la neblina, la cortina de humo, tras la que se ocultaba todo”, dijo Mancuso sobre los paramilitares.
Poderoso ganadero para mediados de los 90, Mancuso formó una organización paramilitar ostensiblemente para proteger las vidas y las propiedades de su clase social.
Durante los días más sangrientos de la guerra, coordinó los asesinatos de al menos 86 personas, de acuerdo con la oficina del Procurador General, en Bogotá. Ese número corresponde a las propias confesiones de Mancuso en meses recientes. En una de esas sesiones, sollozó al tiempo que pedía perdón por sus crímenes.
Los grupos que buscan justicia para las víctimas, que sostienen que Mancuso supervisó cientos de asesinatos, ven tal emoción como un engaño. “Contradice la realidad que alguien como Mancuso se vea a sí mismo como héroe o mártir”, manifestó Iván Cepeda, líder de un grupo pro víctimas cuyo padre, un senador, fue asesinado por paramilitares. “Este proceso de paz es ficticio”.
El proceso de desmovilización también está en peligro de venirse abajo.
A fines del mes pasado, otros líderes paramilitares dijeron que interrumpirían sus confesiones después de una decisión de la Corte Suprema que consideró a los milicianos como criminales comunes, y no criminales políticos. El fallo podría poner en peligro las esperanzas de los líderes milicianos de reingresar a la sociedad colombiana después de revelar detalles de sus crímenes frente a fiscales y víctimas.
Mancuso dice que el cambio que ha experimentado en prisión ha sido “radical”. Sin embargo, la inocencia y la culpa parecen conceptos maleables para alguien que habla como un refinado ejecutivo corporativo sobre su decisión de usar el narcotráfico para financiar sus actividades.
Dijo que no tuvo otra alternativa que imitar los métodos de la insurgencia guerrillera. “No podía perder la guerra”, apuntó Mancuso.
“Tenemos una narco economía”, añadió. “Somos una narco sociedad”.
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