Presunto peculado.

Dentro de la instrucción fiscal, 028-2007, por presunto peculado contra el alcalde de Urdaneta, Manuel Subía, el Ministerio Fiscal pidió orden de prisión contra el funcionario y cuatro contratistas, pero esta quedó insubsistente a tres horas de presentarse la apelación.

En la denuncia presentada por Marco Mera Huerta, señala que en un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y el Municipio de Urdaneta, se acordó la transferencia de fondos para la ejecución del sistema de agua potable en las parroquias Catarama y Ricaurte por 500 mil dólares y se entregó un anticipo de 350 mil dólares al Municipio.

La obra en mención fue asignada a los contratistas José Jaén Gavica, Carmen Chérrez Hidalgo, Gonzalo Aguilar Yánez y Víctor Aguirre Méndez, y actuó como fiscalizador el director de Obras Públicas Municipales César Guerra Campuzano, quien según la denuncia, no presentó informes mensuales  de los avances de la obra.

Por esta razón se dicta auto de prisión preventiva contra las personas mencionadas, por establecerse indicios de ser autor del delito de peculado.

Sin embargo, el 27 de julio a las 11:30 los imputados presentan el recurso de apelación a la orden de prisión y, a las 14:20, la Sala de lo Especializado de lo Penal de la Corte de Justicia  suspende su ejecución.

El procurador síndico del Municipio, Martín Gaibor, dijo que todo es una confusión y que el plan del sistema de agua ya está en el 80% y falta por entregar el saldo del monto total para concluirlo y que ya presentaron los respectivos justificativos de la obra en el Miduvi, por lo que se espera que en los próximos días llegue ese saldo para concluirlo, dijo.