La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) tiene su partida de fundación especial, de ser entidad autónoma, como condición indispensable del Banco Mundial de Washington, Estados Unidos, por el préstamo concedido para efectuar la obra; y aprobado por el Congreso de dicho país.

La APG es una institución con todas las protecciones y derechos propios que le otorga la ley específica al caso, a fin de que estuviese libre de las influencias políticas y de otras entidades públicas. Esta entidad de carácter internacional no es una empresa cantonal. Si las ilustres municipalidades tienen la pretensión de tomar la competencia o de alcanzar a tener alguna inherencia en las autoridades portuarias que están comprendidas en sus jurisdicciones cantonales, deberían introducir una reforma a la Ley del Consejo Nacional de puertos, en la que están comprendidos los organismos directivos que dirigen las entidades portuarias del país, entre ellos la Digmer.

Juan Pólit Álvarez,
Guayaquil.

Cuando el Alcalde de Guayaquil se refería a la autonomía de Guayaquil decía que esta “iba porque iba”, a la brava, con o sin Asamblea.
Pensé que eso sucedía en un país ficticio, sin autoridad ni ley, pero no; en Ecuador ahora hay una nueva definición del ¡no! Para el Alcalde  si el Estado le dice no, respecto a la competencia de APG, lo entenderá como un sí; y si le dice quizás o no le dicen nada, igual es un sí; por último alegaba que él no pedirá la concesión sino que la tomará. Habría que preguntarle si a la brava también. Y así dicen que el presidente Correa es un autoritario. ¡Cosas de Ripley!

José Coello,
Nueva Jersey, EE.UU.