Las propuestas sobre la nueva organización territorial del Ecuador que circulan entre las candidaturas para asambleístas y la comisión de juristas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), que prepara un proyecto de Constitución, establecen la creación de regiones descentralizadas y desconcentradas que, con un conjunto de incentivos económicos  avancen, en el mediano y largo plazo, hacia la autonomía regional.

Este proceso será paulatino pero obligatorio, según la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), que trabaja una propuesta del gobierno.

El concejal de Quito, Augusto Barrera (Alternativa Democrática), al hablar sobre la propuesta del Senplades, recalcó que “está bien que sea progresivo”, pero que matemáticamente al final de cuatro años es posible pasar todas las atribuciones.

“Tal vez ahora un municipio no puede asumir la educación, para eso el Gobierno Central le tiene que capacitar durante un año y luego le entrega la responsabilidad. En cuatro años, ya todos los municipios serían responsables de los servicios básicos como agua, alcantarillado, educación, salud, electrificación”, indicó Barrera.

Sin embargo, a otro concejal quiteño, Fernando Carrión (Quito en Acción), no le gusta la progresividad; pues lo que no se haga hoy con la Constituyente tampoco se hará después.

La descentralización sugieren los dos analistas, tiene que ser a través de los municipios y los gobiernos intermedios, mientras el Gobierno Nacional mantendrá las funciones que actualmente le asigna la Constitución: la política exterior, seguridad, el endeudamiento, la política educativa, social y fiscal. Es decir debe conservar su capacidad planificadora y reguladora, añaden.

Fernando Gutiérrez, miembro de la Comisión del Conesup, señala que se buscará establecer un conjunto mínimo de competencias que deban ser asumidas por los distintos niveles de gobierno pero que no pueden imponerse simultáneamente porque no todas las instancias tienen capacidad de ejecutarlas de manera inmediata.

Las propuestas que se han presentado  hablan de establecer un sistema solidario de regionalización y autonomías, a través de un Fondo Único de Cohesión Social, que se traduzca en incentivos político-institucionales y que compense las asimetrías entre las regiones.

La idea es que los ingresos fiscales por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el Impuesto a la Renta sean redistribuidos con criterios de equidad a la población y sobre la base de necesidades básicas insatisfechas que se elaborarían mediante indicadores.

A los municipios no se les quitará el 15% de presupuesto que establece la Ley de Régimen Municipal, pero sí se eliminaría la discrecionalidad.

UN PROCESO CON CONTRADICCIONES

Estudio técnico
El Municipio de Cotacachi contrató por $ 8.000 un estudio técnico para establecer el presupuesto que debía entregarle el Gobierno a fin de asumir localmente los servicios de salud. El resultado fue que se debía destinar $ 2.000 mensuales a la administración de Auki Tituaña. ¿Es posible descentralizar la salud con ese presupuesto?

Ley de Descentralización
Según la Ley de Descentralización, aprobada en octubre de 1997, el Municipio interesado en una competencia se la pide al Gobierno. Paradójicamente, para el régimen es obligatorio el transferirla aunque el Municipio no pueda ejecutarla eficientemente.

Resultado
Como la demanda es voluntaria y no la piden todos los municipios al mismo tiempo, la estructura burocrática central permanece, se crea otra en la localidad en cuestión y se duplica la burocracia.

Tungurahua
Para suplir la ausencia de una política efectiva de descentralización, en Tungurahua, el prefecto, gobernador, alcaldes y representantes de las organizaciones sociales constituyeron una asamblea que se reúne cada año para evaluar la gestión.

Municipios
Finalmente, el desarrollo de municipios como los de Cotacachi, Loja, Cuenca, Manta, no está ligado a la Ley de Descentralización sino a factores externos como manejar con eficiencia la cooperación, los recursos de la firma de la paz con Perú (1998), las remesas de los migrantes, la declaratoria  como Patrimonio de la Humanidad o la presencia de la base militar, en su orden.