Para analistas, la labor de la Senacor ha sido simbólica y no tan efectiva.
Durante los primeros seis meses de gestión, el Gobierno solo ha mantenido una lucha simbólica contra la corrupción. Así lo consideran analistas y un ex vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), quienes afirman que el régimen no tiene una verdadera política anticorrupción.
Esta percepción en cierta forma es compartida por la ciudadanía. Así lo refleja una encuesta de Perfiles de Opinión realizada la semana pasada, según la cual solo el 8,60% de los consultados considera que lo mejor de la actual administración es su lucha contra la corrupción.
Para Juan Fernando Terán, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, esto se explica porque, si bien la creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor) por parte del presidente Rafael Correa ha sido importante, las funciones que ese ente cumple “son meramente simbólicas”.
Es que hasta la primera semana de julio, la Senacor investigó unos 200 casos de presunta corrupción, de los cuales 16 tuvieron informe concluyente ante las autoridades y dos estaban en etapa de instrucción fiscal.
Entre los casos más importantes estuvieron la supuesta venta de un cargo público en la Empresa Eléctrica de Sucumbíos; el denominado caso Nuques, en el que se intentaba perjudicar al Estado con $ 23 millones, y la detención del secretario de Solidaridad Ciudadana por cobrar supuestas coimas. También hubo un proceso similar en contra de empleados de la Corporación Aduanera.
El ex vocal de la CCCC, Jorge Rodríguez, considera que el Gobierno cometió un error al crear la Senacor y no establecer un Plan Nacional Anticorrupción. “Esa oficina investiga a quienes roban las gallinas, son casos puntuales y la falta de un plan han inutilizado las buenas intenciones del Gobierno de combatir a la corrupción”, indica Rodríguez, quien cree que aún “permanecen intocadas las mafias que están en los sectores energético, de telecomunicaciones, aduanas y otros”.
El analista Javier Lasso también piensa que el Gobierno tiene una deuda en el combate a la corrupción. Es más, dice que las pocas acciones realizadas en este tema se han opacado por los mecanismos utilizados por el régimen para revelar presuntas irregularidades.
Menciona como ejemplo, los denominados ‘Pativideos’.
Si bien y de acuerdo con la versión del ministro de Economía, Ricardo Patiño, solo una de las dos grabaciones (la de los bonos) fue autorizada por él, para Lasso este tipo de mecanismos y la forma en la que se produjo la difusión, han afectado la imagen del Gobierno.
Rodríguez coincide y cita una frase popular: “La mujer del César no solo que debe ser honesta, sino también parecerlo”.
“Aunque Patiño sea honesto, se crearon dudas en torno a él y cuando existe duda de algún ministro este tiene que ser decapitado, mantenerlo da la imagen de que no se está luchando contra la corrupción”, afirma.
Terán cuestiona que no se haya hecho nada en las extradiciones de los ex banqueros que están en EE.UU. “Si el pretexto permanente ha sido que la justicia no ha cumplido con su responsabilidad en estos procesos, por qué el Gobierno no ha buscado un nuevo acuerdo bilateral de extradición”, dice.
Todos coinciden en decir que el Gobierno debe aprovechar la Constituyente para impulsar una política anticorrupción.
Ediciones Anteriores
