Los proyectos de reforma apuntan a una mayor equidad regional.
“¿Qué pasa si mañana Colta se paraliza?”, se pregunta el concejal de Quito, Augusto Barrera, y su respuesta es “nada”. Pero “¿y si lo hacen Quito o Guayaquil? Es el caos”, añade.
De ese modo ilustra Barrera la diferencia en el desarrollo de los cantones y la necesidad de ir a un equilibrio político-regional en la nueva Constitución.
Para poner un ejemplo de discriminación, Barrera usa las cifras de mortalidad infantil que en la Sierra central, Esmeraldas, Orellana, Morona, Napo y Loja oscilan entre el 43% y el 53%, mientras que en Guayas y Azuay bajan a la mitad.
“La pobreza y la riqueza tienen sus territorios como efecto de la historia, pero además como consecuencia de una forma de relación del poder político y económico”, afirma Barrera.
“La regionalización es el tema más duro que enfrentará la Asamblea”, sentencia, por su parte, el también concejal de Quito, Fernando Carrión.
El Gobierno Nacional, el Consorcio de Consejos Provinciales (Concope), el diputado Bolívar Castillo (ARE), la Asociación de Municipalidades, Carrión y otros están presentando a la Comisión de Juristas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), que redacta un proyecto de Constitución, una propuesta para una nueva organización política territorial y administrativa. Todos coinciden en la creación de regiones autónomas, descentralizadas y desconcentradas.
La idea es que cada región se constituya agregando varias provincias, para de ese modo formar unidades más grandes, con mayor escala económica y presencia en el territorio nacional, indica Carrión.
Según Bolívar Castillo, el Ecuador ha vivido en una seudorregionalización por climas (Costa, Sierra, Oriente y Galápagos). Y la actual concepción ha camuflado la bipolaridad Quito-Guayaquil, enfatiza.
Para Castillo, las regiones deben ser espacios nacionales interdependientes, unidades geoeconómicas similares, que se estructuren en territorios continuos con climas diferentes, lo que les beneficiaría.
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