Según historiadores, la ciudad creció desordenadamente por la falta de planificación y despreocupación de los gobiernos. Herederos de los hacendados de entonces creen que su espíritu de servicio les endilgó el nombre de Fuerzas Vivas.
El boom cacaotero y la burguesía del agro iniciaron el auge del crecimiento urbano.
La pequeña Provincia de Guayaquil tenía apenas 50.000 km². A mediados del siglo XVIII había menos de un habitante por km². “Eran más de seis mil españoles, cinco mil indios y de doce a catorce mil mulatos, zambos y negros”, refiere un censo del Cabildo en 1754.
Su importancia en esta época, explica el historiador Gaitán Villavicencio, “radicaba en que era un puerto de intermediación entre el Virreinato de Lima y la Capitanía de Panamá, paso obligado para avituallar las naves y repararlas”, señala.
Los años pasarían. Vendrían tiempos de prosperidad, como convertirse en el mayor astillero del Pacífico Sur; y, también de pérdidas, los incendios y las pestes que no le dejaron tener un gran desarrollo poblacional y urbanístico, de acuerdo con lo que reseña Julio Estrada en la Guía Histórica de Guayaquil.
El cacao se iba a Centroamérica, Acapulco y Filipinas “de manera legal y de contrabando”, según el historiador económico Guillermo Arosemena.
Situación que permitió el inicio de poblaciones en la cuenca del río Guayas. “Se abrieron las primeras plantaciones o haciendas cacaoteras de familias destacadas”, refiere Villavicencio.
Pero fue hasta entrado el siglo XIX, con la firma del Acta de Independencia de la Provincia Libre de Guayaquil en 1820, que el puerto de 50.000 habitantes debía empezar a valerse por sí solo. “Los gobiernos centrales no mostraron nunca una ayuda importante”, refiere Arosemena. “Los guayaquileños siempre tuvieron ese espíritu emprendedor que heredaron de los extranjeros y el privilegio de ser una ventana al comercio mundial”, dice el historiador.
En efecto, refiere José Antonio Gómez Iturralde: “Los Olmedo, Rocafuerte, Antepara, Illingworth, Vivero, Febres Cordero, Luzarraga, Bejarano, Marcos, Villamil y Roca, entre otros próceres del 9 de Octubre son efecto de familias criollas y mestizas que impulsaron la economía de la ciudad”.
Pero, agrega, marcaron una brecha entre clases sociales. Bajo los tradicionales portales guayaquileños estaban las hermosas y pesadas puertas de doble hoja, adornadas con herrajes de bronce que daban acceso a un vestíbulo del que nacía una escalera de balaústres hecha con bálsamo y que remataba en tallados de seres mitológicos.
Bastaba cruzar la aún empolvada calle para mirar una parte de la población que vivía en balsas atracadas a la orilla del río. Eran los cargadores, aguadores, areneros, etcétera.
De la mano de los avances económicos surgían también las necesidades sociales insatisfechas. “Guayaquil respondió creando instituciones de autodefensa contra la exclusión y el sectarismo centralista”, explica el historiador José Gómez.
En 1835, ante el azote de los constantes incendios, la ciudad respondió con la creación del Cuerpo de Bomberos. Nueve años más tarde la primera asociación gremial aparecería, como una especie de Cámara de Agricultura que sería la célula del sistema bancario de 1860.
Llegado 1887, el escenario de la salud y la educación cobra nuevos bríos.
La Junta de Beneficencia Municipal creada por el Concejo Cantonal de Guayaquil se encargaría de estos aspectos ante la falta de establecimientos del Estado. “Con fines de servicios a la colectividad y para crear un Sistema de Caridad Organizada”, refiere su acta de nacimiento.
Años más tarde cambió su nombre como se la conoce hasta hoy, la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG). “En Latinoamérica este es el único sitio donde sobrevive una Junta de Beneficencia. Han desaparecido porque ya cumplieron su papel. ¿Por qué aquí aún funciona?”, cuestiona Villavicencio.
Para él, la permanencia de la JBG tiene características que se repiten en otras entidades guayaquileñas: la Comisión de Tránsito, las Cámaras de la Producción y la Junta Cívica. “Son estructuras cerradas que funcionan como instrumentos de presión que les permite, a sus directivos, un protagonismo no solo local sino nacional”, agrega Villavicencio.
Los miembros de estas instituciones fueron llamados “fuerza de vivos” y “pelucones de ciudadelas amuralladas” por el presidente de la República, Rafael Correa, el pasado febrero; sin embargo a Óscar Orrantia Vernaza, actual presidente de la JBG y miembro de la Junta Cívica, este tipo de denominaciones dice, no le afectan porque se mantiene el deseo de servir a los demás voluntariamente.
Su bisabuelo, su abuelo, su padre y ahora él, han sido parte del directorio de la JBG. Orrantia Vernaza, además es gerente de la firma Mabe (línea de electrodomésticos). Para José Gómez estos epítetos buscan “descalificar a empresarios productivos y honestos”.
A finales del siglo XIX y principios del XX, en las calles de Guayaquil se oía hablar del boom cacaotero. “Se inició un proceso de acaparamiento de tierras rurales y la conformación de toda la estructura de haciendas”, refiere Villavicencio.
El fundo de Mapasingue pertenecía a los Gómez Ycaza hacia los años 50.
José Antonio Gómez Iturralde, uno de sus herederos considera que su familia “nunca fue latifundista ni dueña de territorios inútiles (...) siempre cumplieron con su función social y si alguna donación hubo, fue una acción social a cambio de nada”, acota en referencia a las invasiones.
A inicios del siglo XX, la población de Guayaquil se contaba en 70.000 habitantes, pero en 1930 la expansión urbanística de 460 a 590 hectáreas logró también que se llegara a las 120.000 personas.
Aspiazu, Seminario, Morla, Marcos, Chambers, Parra y Gómez eran los apellidos que sonaban como dueños de las tierras. “Luego se convirtieron en los dueños de los bancos, del comercio y de los servicios”, dice Villavicencio.
En Guayaquil se concentró la diversidad étnica del Ecuador –asegura el cronista Rodolfo Pérez Pimentel– pero con una nueva forma de vida muy porteña. “No obstante, ello contribuyó a que tuviera la realidad más lacerante y dolorosa, pues el caos físico de su crecimiento desordenado requirió cuantiosas inversiones internas y externas, para corregir los errores de urbanismo y sanidad cometidos sobre todo en la etapa de crecimiento”, afirma.
Para Gómez las invasiones urbanas se debieron a los gobernantes. “En 1960 el Congreso Nacional las auspició, generando un contubernio entre traficantes de tierras y políticos mafiosos”, comenta.
“Les convenía más vender la tierra por metro cuadrado y no por hectárea”, dice Villavicencio. Quien señala que las tierras no solo se daban a cambio de dinero sino de votos.
Pérez Pimentel dice que estos personajes llamados “cabecillas de invasiones solo eran los intermediarios entre ciertos políticos y los campesinos”.
La Municipalidad mantiene abierto desde 1993 un plan de legalización, que en lo que va del 2007 ha entregado 4.000 nuevos títulos de propiedad.
La ciudad no tenía hacia dónde crecer y sus directivos la orientaron hacia el manglar. “Esto es producto de la colisión entre el poder municipal que tuvo un manejo corrupto, errático y torpe, frente a una estructura de gobiernos centrales débiles que siguen concesionando el poder a cambio de acuerdos”, añade.
Más datos de las haciendas más grandes
La Atarazana
Tenía una extensión de 3.600 ha que abarcaban desde el río Guayas (al norte del Cerro Santa Ana) hasta Cerro Azul (hoy cdlas. Los Ceibos y Puerto Azul). Pertenecía a la Junta de Beneficencia.
Mapasingue
Estaba dedicada a la agricultura y ganadería. Hacia los años 50 esta hacienda pertenecía a los herederos de la familia Gómez Ycaza. Empezó a ser invadida a finales de los años 60.
La Prosperina
Situada al norte de Mapasingue pertenecía a un solo propietario hacia fines del siglo XIX, Eduardo Arosemena. Su ocupación se inicia en los años 70 y se mantiene hasta la fecha.
La Saiba
Hacia 1890 el límite sur de la ciudad colindaba con la hacienda La Saiba, propiedad de George Chambers. Después estos terrenos pasaron a la Junta Protectora de la Infancia y al Municipio.
El Guasmo
Para 1893 correspondía a Manuel Antonio Luzarraga. Luego perteneció a Juan Aguirre, director de las primeras financieras de la ciudad, y después a la familia de Juan X. Marcos.
El Recreo
En 1891 la hacienda Cerro de Cabra pertenecía a Ramón de la Paz y Francisco Lecaro. Ubicada en lo que hoy es Durán, pasa a ser propiedad de Leonardo Stagg y cambia de nombre a El Recreo.
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