Cuatro de cada diez niños no ingresan a la escuela y se vuelven analfabetos en una zona de 40 recintos, donde no hay agua tratada, luz, vías y centros de salud.
Una pequeña canoa de madera carcomida avanza lenta por uno de los ramales de la presa Daule-Peripa. Sus ocupantes, dos niñas, reman sin pausa hasta un desembarcadero, en el sitio Boca de Parral.
Ahí las espera su madre, Magaly Zambrano, de 40 años y vestida con ropas raídas. Las menores, de 15 y 12 años, residen con sus padres y siete hermanos. Ambas no saben leer ni escribir y sus nombres, Tatiana y Érika, así como el resto de hermanos, no constan en el Registro Civil, no existen como ecuatorianos.
Junto a su padre, Félix Sánchez, ellos subsisten de la agricultura y la pesca de peces de la variedad dica, en la represa, que comercializan cada sarta de seis ejemplares a $ 0,50. Residen en una casa de caña. Aislados. La vía de comunicación es fluvial. La escuela más cercana está a media hora de navegación. Es un plantel ubicado en el recinto Puerto Chorrillo, donde estudian 40 de los casi 80 niños en edad escolar, residentes en la comunidad.
Los Sánchez Zambrano y el recinto Chorrillo son el reflejo del olvido en el que están sumidos al menos 30 mil habitantes de unas 40 comunidades aledañas a la parroquia Barraganete, asentadas en la cabecera de la represa Daule-Peripa, en la jurisdicción de Manabí, así como en parte de Guayas y Los Ríos.
Pese a los constantes reclamos, a las ofertas de apoyo por parte de los gobiernos de turno y directivos de Cedegé -dice el dirigente Lenín Lainez-, es poco o casi nada lo conseguido.
No cuentan con agua, al menos entubada, pese a estar en la ribera de una obra que almacena el líquido que abastece a Guayaquil y otras poblaciones de toda la cuenca del río Daule; el 70% de las comunidades no posee luz eléctrica a pesar que en la presa funciona la central hidroeléctrica Marcel Laniado, que genera 213 megavatios para el sistema interconectado. Y sobre todo carecen de caminos de ingreso, educación y salud.
La escuela de Chorrillo funciona con el sistema que aquí se llama comunitario: los padres de familia aportan con una cuota mensual por alumno para pagar a la docente, Vicenta Esmeraldas, que todas las semanas viaja de Guayaquil. El año pasado, el Municipio de Pichincha apoyaba con $ 80 para el sueldo; el resto, $ 40, lo da la comunidad. En este año solo los padres.
Pero ellos no tienen dinero. En el caso de los Sánchez Zambrano, recién este año enviaron a la escuela a Byron, uno de sus siete hijos, quien a sus 12 años está recién en primer año de básica.
De los 40 alumnos de la escuela de Chorrillo, 16 están en primero de básica y solo 3, en séptimo. Pedro Chávez y otros comuneros del sector dicen que cada familia tiene en promedio cinco hijos, pero solo van a la escuela máximo dos. “Los niños se hacen jovencitos y ya no estudian, mejor se dedican a trabajar para sobrevivir”, afirma Pedro.
José Zambrano, de 14 años y que asiste a sexto año de básica, es parte de esos casos. Sus cuatro hermanos no saben leer y escribir y laboran en la agricultura. Ángel Sacón, en cambio, mandó a la escuela a su hijo Ángel, de 15 años, aunque no terminó la primaria; no estudian Johana, de 12 años; Jéssica, de 10; Miriam, de 8; y Viviana, de 5 años.
“Me fui a averiguar, había que pagar cinco dólares al mes por cada hijo y eso no hay, de dónde voy a sacar veinte dólares si no tenemos ni para la comida, por eso no los matriculé. Sería bueno que haya una escuela gratuita. Ahí sí estudiarían todos”, afirma Sacón, quien se gana la vida criando aves y cerdos.
El campesino indica que a su vecino, Samuel Mendoza, le sucede igual, pues no manda a la escuela a sus cuatro hijos. Y casos similares hay por cientos. Lenín Lainez, dirigente de las comunidades ribereñas de la presa Daule-Peripa, refiere que en toda la zona hay solo tres escuelas fiscales: en Barraganete, donde también hay un colegio, y en Mata de Cacao y Laureles. En los demás sectores, al menos 30, existen escuelas comunitarias con profesores financiados por los padres de familia.
Estos son en su mayoría oriundos de la zona; el 20% de ellos ni siquiera terminó el bachillerato. “Lo hacen por vocación de servicio”, refiere Lainez.
El aporte de los padres de familia va de $ 4 a $ 6 mensuales por niño. Por la falta de dinero, de un promedio de 90 menores en edad escolar de cada recinto, solo asisten a la escuela unos 50.
“Si entran, la mayor parte no termina el año por falta de dinero”, indica Miguel López, bachiller agropecuario que labora como profesor con 31 niños en el recinto La Paloma. En San Jacinto, conocido como Pueblo Arrecho por las dificultades de acceso (se debe caminar tres horas por el fango), el FISE inició la construcción de una escuela el año pasado, que está inconclusa, mientras la Dirección de Educación de Manabí fiscalizó el plantel pero no envía al profesor.
Hace dos meses, el presidente Rafael Correa llegó a la central hidroeléctrica Daule-Peripa. Ahí, un grupo de habitantes intentó darle a conocer los problemas pero no pudo, según Luis Alcívar, del recinto La Unión.
“¡Qué por lo menos nos haga una buena escuela y ponga un profesor; queremos luz; por agua debemos caminar media hora para ir al estero. Por acá estamos olvidados; la patria no es de todos!”, indica Eladio Rodríguez Sabando, de La Boya.
Detalles
Recintos
Los sectores sin servicios básicos y sin escuelas son: Chorrillos, Los Chísparos, La Mina, Mata de Café 1 y 2, La Aurora, La Tortuga, Betilla, Guayabo, Pueblo Arrecho, Los Pajaritos, Salazar, Salazar en Medio, La Paloma, Las Yeguas, Los Negros, y otros.
Agua
La construcción de pozos permitiría solucionar el problema de agua, pues los campesinos caminan largos trechos para conseguirla.
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