La mayoría de los centros no cumplen con las condiciones para funcionar.
“Mamá déjame estar contigo. No volveré a fumar”. Esa era la súplica que Elena (nombre ficticio) recuerda, le hizo su hijo de 24 años, el día en que, por petición de ella, dos personas se lo llevaron a la fuerza a una clínica de rehabilitación para drogadictos, en la vía Perimetral.
La escena, cuenta la mujer, la vivió también el año pasado, cuando internó al joven en otro centro similar. “Seis meses después de salir volvió a estar en problemas y por eso decidí meterlo en otra clínica que me recomendaron por barata ($ 50 mensuales)”, señala Elena, quien desconoce si el centro está autorizado para funcionar.
Tampoco tiene la certeza de que al salir su hijo no recaerá en las drogas. Lo que sí le preocupa -dice- es que el tratamiento que él esté recibiendo, no sea tan “cruel” como las historias que ha oído de otros adictos.
Como la que vivió Christian, de 22 años, quien fue rescatado en junio pasado de una clínica clandestina en la coop. Nueve de Abril (Guasmo sur).
Ese día el joven denunció que el director del lugar le había amarrado los testículos con una piola y lo guindó.
Exponer al adicto a los malos tratos, es solo uno de los riesgos que deben correr decenas de familiares de drogadictos, ante la falta de alternativas de rehabilitación en el país.
Al respecto, Eva Cevallos, representante del área de Salud Mental de la Dirección Provincial de Salud, asegura que las agresiones en los establecimientos de rehabilitación han disminuido desde hace cinco años, cuando se instauró la Comisión de Control, de la que ella forma parte. La unidad está conformada por delegados del Consep (Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) y de los ministerios de Bienestar Social y Salud.
Incluso, Cevallos admite que si aún hay casos de violencia contra los pacientes, es porque hay cuestiones que a la Comisión le son difíciles de controlar. “A veces vamos a las clínicas y el equipo técnico no está completo, cuando son los profesionales los que saben controlar las situaciones sin golpes”, señala.
Según el Reglamento de Control y Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación de Farmacodependientes, estos locales deben ser dirigidos por un psiquiatra, respaldado por el psicólogo clínico, trabajador social y monitores. Inclusive, según la lista de los centros autorizados en el 2006 por el Consep, tres psiquiatras tienen a su cargo la administración de dos clínicas a la vez. Germania Asán, médica del Departamento de Control Sanitario de la Dirección de Salud, expresa que esto se permite porque hay pocos psiquiatras interesados en el área, por los bajos sueldos.
OTRAS NECESIDADES
El hacinamiento y la inadecuada infraestructura de las clínicas son otros agravantes del maltrato a los pacientes.
Así por ejemplo, en el centro (autorizado) La Roca, donde dos internos se fugaron la semana pasada, las filtraciones de agua han provocado que el techo de uno de los dormitorios se caiga a pedazos sobre los viejos y sucios colchones.
En los centros, sin permiso, la situación se agrava. Uno de ellos es la Fundación Unidos por la Gracia de Dios, que ni siquiera está en la lista de los 28 centros ilegales del Consep.
Esta funciona desde más de un año en una casa alquilada, por la vía Perimetral, en cuyo exterior se ha colocado un letrero de bienvenida. Ahí, once pacientes varones y cinco mujeres comparten tres pequeños cuartos.
“Médicos de otros centros nos ayudan con el tratamiento, porque no tenemos cómo pagarles”, indica Hugo Hidalgo, un drogadicto rehabilitado y actual vicepresidente de la entidad. Él señala que la clínica se mantiene con el dinero que le envía su madre, que vive en Italia, y con el aporte voluntario (de dinero o alimentos) que dan los familiares de los internos.
Hidalgo asegura desconocer qué tramites debe hacer para sacar el permiso en el Consep.
Roberto Echeverría, psiquiatra de este organismo, estima que en el Guayas hay aproximadamente 60 clínicas de tratamiento para drogadictos, de las cuales, solo 27 están autorizadas. Pero incluso de estas últimas, afirma, solo tres o cuatro cumplen con las condiciones aceptables para funcionar.
“La mayoría son casas alquiladas. Les hemos dado un plazo para que hagan las adecuaciones respectivas para renovar sus permisos”, refiere.
Fabrizio Delgado, director del hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce, asevera que la ausencia de centros que brinden una atención real al problema de la drogadicción, estas “pseudoclínicas han proliferado”, que -señala- en gran parte son creadas por ex drogadictos que replican el tratamiento que recibieron, sin métodos técnicos que garanticen su efectividad. Para solucionar este problema, el médico opina que el Consep debe crear de inmediato, establecimientos especializados con personal capacitado. “Si hubiere centros profesionales, las clínicas ilegales no tendrían pacientes y cerrarían”, destaca.
Pero mientras no se creen estas unidades, los miembros de la Comisión de Control aseguran que las sanciones no se pueden aplicar con rigurosidad, pues consideran que sería más peligroso tener decenas de drogadictos en las calles, que en esos centros”. “No estamos preparados para afrontar la drogadicción, no tenemos un modelo de tratamiento ni los medios para ofrecer una alternativa”, dijo Echeverría.
Cifras
27
Centros. Es la cantidad de clínicas autorizadas en el 2006 por el Consep.
450
Dólares. Es el costo promedio del tratamiento que dura tres meses, aproximadamente.
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