El alcalde de Isabela, Pablo Gordillo (PSC), y las autoridades del Parque Nacional Galápagos (PNG) mantienen un conflicto jurídico que podría terminar con la prisión preventiva del funcionario.
En una instrucción fiscal emitida el 9 de julio por el ministro fiscal del Guayas (e), Antonio Gagliardo, se hace el pedido de prisión preventiva para Gordillo a la Primera Sala Penal del Guayas.
El delito ambiental imputado es la tala de manglar en las islas. Según la instrucción, existe un video y testimonios de que el 21 de marzo diez trabajadores del municipio talaron el manglar y desbrozaron 35 metros cuadrados de vegetación.
Sin embargo, para el alcalde la acusación carece de sustento jurídico y obedece a una persecución por parte de las autoridades del PNG.
Gordillo dijo que no se trató de una tala, sino de una poda de cuatro árboles a fin de adecentar el sector y que dicha poda es parte de un muelle turístico y no de un desembarque de combustible como afirmó el PNG.
Al respecto, la directora del PNG, Raquel Molina, aclaró que a Gordillo se le hicieron varias observaciones con respecto al diseño del embarcadero: “Su propuesta nos preocupa. Reunámonos para hacer algo técnico. Él me mandó una carta en la que dice: ‘Aquí en Isabela se hace lo que yo propongo y si nos van a dar dinero debe ser sin peticiones’”.
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