Desde que dejé la Presidencia, dos veces me he dirigido al periodismo nacional. La primera fue para denunciar la farsa inverosímil de mi supuesta salida a Nigeria. Hoy lo hago para denunciar el regreso del abuso de poder.

Acuso, con la autoridad del médico sin tacha  y del ex presidente que terminó el terror, la persecución, el despotismo y el espionaje; del ex presidente que recuperó el Estado de derecho, la paz de la República, la tranquilidad del ciudadano, el prestigio internacional, la soberanía y la riqueza: miles de millones de dólares recuperados para la cuestión social y la reactivación productiva, miles de millones de dólares que no fueron para beneficiar a mi gobierno. Eran para los próximos gobiernos, para el Estado, para el pueblo, para su futuro.

Para mí, nada. Solo una  vendetta  anunciada. Elementos conocidos de una facción política presentan, como siempre, denuncias sin pruebas. No las necesitan. Les basta el garrote de la injuria pública, como lo he probado en lo legal, y hoy lo refuto ante el pueblo a través del periodismo ecuatoriano.

Las empresas estatales son autónomas. Sus presidentes y directorios asumen todas las responsabilidades contractuales. Como presidente de la República jamás conocí ni tuve vinculación alguna, ni recomendé un solo contrato, ni verbalmente ni por escrito. No conocía la existencia de la empresa Algalite ni a su representante señor Vivas Hilbron.

El señor Vivas Wagner jamás fue funcionario de mi gobierno, ni asesor de ningún nivel. Así consta en mi declaración ante la Fiscalía del Guayas y en mi declaración juramentada hecha el 10 de abril del 2007.

Los miembros del personal de mi consultorio de cardiología Incap, corporación privada sin fines de lucro, han trabajado permanentemente en el área de mi especialidad, una por más de treinta años y otra por nueve años. No han desempeñado cargos en la función pública, ni ejercido representación en institución estatal alguna. ¿Qué tienen que ver con Andinatel o Algalite?

No frecuentaron Quito, con excepción del día que casi muero en Ciespal y el día de la transmisión de mando. No visitaron nunca una oficina pública. Cómo se explica que el señor fiscal general inicie una instrucción basada exclusivamente en el pedido que nace de una denuncia que solo se fundamenta en un ilegítimo rencor. Lo hace sin ningún elemento que fundamente la más remota evidencia o vinculación mía o de mi consultorio privado, con la denuncia de un diputado gutierrista. Increíble.

Denuncio el regreso de la opresión despótica que el pueblo repudió el 20 de abril del 2005. ¿Orden de prisión para gente inocente que vive de sus trabajos privados y jamás ha tenido negociaciones con el Estado? El señor fiscal, como hombre de leyes y procedimientos, debe saber lo que costó volver al Estado de derecho. Está obligado a impedir la subordinación de la justicia a la política del exterminio.

No hay democracia sin derecho. La interferencia en el ámbito político –además de la perversidad personal– ha sido la causa más siniestra de las crisis sucesivas de nuestra naciente democracia.

Alfredo Palacio,
médico, ex presidente de la República del Ecuador,
Guayaquil