No basta con tener leyes acordes a la realidad del país y del mundo. También se necesita especificar las sanciones para quienes violen o transgredan cada artículo de la nueva Constitución para que exista un verdadero Estado social de derecho, sostiene la candidata a asambleísta Ximena Bohórquez.

Las penalizaciones y sanciones que se realicen "dependerá de qué capítulo, qué artículo se está violando para que esa penalización sea gradual y que se la aplique a quienes infrinjan, a quienes transgredan la Carta Magna", señaló la aspirante a asambleísta por el movimiento Honradez Nacional (lista 27).

Desde el ciudadano común hasta quienes ocupen altos puestos del Estado podrán ser sancionados, aclaró. "Quien no cumple con la norma constitucional, inmediatamente tiene que dejar de ser funcionario público designado por el gobierno de turno, y peor todavía si es una autoridad nombrada en las urnas por el pueblo".

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A criterio de Bohórquez, también tiene que incluirse en la nueva Carta Magna la revocatoria del mandato, no solo para los gobiernos seccionales, sino también para diputados, Presidente y Vicepresidente de la República. 

Después de ser cuestionada si parte del problema de la crisis en el país se debe a la politización de los organismos de control, la ex diputada indicó que ese punto es el que busca solucionar su movimiento. "Mientras le encarguemos el derecho al Congreso para nombrar autoridades, vemos que se provoca el secuestro del Estado por parte de los partidos políticos, que al designar las cabezas de esos organismos de control, nombran a sus amigos, a sus compadres y a sus socios, quienes tampoco rinden cuentas al país, sino (...) a los partidos políticos que le pusieron en ese cargo". 

Hasta que no haya independencia y autonomía total de las instancias de control no se aplicará las sanciones debidas "a quienes cometen peculado, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria, desvío de fondos, mala administración aduanera, y otros ítems que engloban el gran saco de la corrupción", resaltó en Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil).

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Sobre la posibilidad de que las fuerzas militares tengan derecho al sufragio, dijo que es un punto que hay que analizarlo. Sin embargo, se mostró a favor de que se entregue este derecho ciudadano a los militares, "mas no a la institución policial que ha sido consecuente con los grupos de poder".

Lo ideal para Bohórquez es lograr un consenso con todos los sectores, tendencias, corrientes y asambleístas para plasmarlo en "una nueva Carta Magna de larga data, porque no podemos elaborar una Constitución solo para la corriente de este gobierno. Siendo así, tendríamos una herramienta jurídica que dure dos o tres años, y lo que anhelamos (...) es conseguir ese nuevo elemento jurídico que nos dure por lo menos quince o treinta años".