Prohibición.

El Gobierno, medios de comunicación y organismos de derechos humanos deben discutir sobre la aplicación del decreto presidencial que prohíbe la difusión de grabaciones de audio o video clandestinas.

Esa es la propuesta del vicepresidente Lenin Moreno, encargado actualmente del poder, quien defendió la facultad legal del Presidente para emitir ese decreto porque, asegura, el fin es proteger la intimidad y privacidad de las personas.

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Señaló que los medios de comunicación están en la libertad de acatar o no el decreto, pero aclaró que de no hacerlo deberán someterse a las sanciones correspondientes.

El segundo mandatario expresó su confianza en que los medios respeten la prohibición, pero sobre todo los derechos humanos de los ciudadanos.

“En mi forma particular de ver e independientemente de cuál sea la posición de los demás, yo creo que ya basta, ya no más, hay que respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad... es nuestro deber hacerlas respetar y ejercerlas”, dijo.

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El vicepresidente manifestó que este es un asunto de carácter técnico y jurídico que va más allá del derecho a informar y que, por ello, tanto el régimen como los medios de comunicación y los organismos de derechos humanos deberían analizar hasta dónde podría llegar la posibilidad de difundir públicamente videos o grabaciones de audio que no han sido autorizados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Estas declaraciones las realizó Lenin Moreno ayer después de suscribir un convenio marco con 102 municipalidades del país para la eliminación de las barreras físicas y la implementación de centros de rehabilitación para personas con discapacidad.