Un abogado destacó que el dinero mal habido y otros bienes, producto de acciones u omisiones dolosas de servidores públicos, incluso en la administración de justicia, no siempre ingresan directamente al patrimonio de los corrompidos, sino que aparecen como propiedad de sus testaferros.

¿Será por eso que algunos al hacer sus declaraciones de bienes juramentadas al concluir su mandato, función o empleo público, no denotan enriquecimiento y entonces la Contraloría General del Estado no tiene razón alguna ni para sospechar?

Eso, no obstante que, a simple vista, en el trabajo, en la vecindad o en la familia hay quienes se asombran de los cambios en su forma de vida, imposibles de cubrir con su conocida remuneración oficial.

Deben existir maneras, unas burdas y otras sutiles, para que se entreguen a prestanombres los ingresos provenientes del cohecho, cuando la coima es propuesta por el interesado, o de la concusión, cuando es exigida por el servidor público.

Ahora permítame una ironía: si solo por excepción se inician y concluyen con sentencia condenatoria juicios por cohecho o por concusión… ¿podemos afirmar que en el país no hay corrupción?

Porque si existe corrupción y no se la sanciona es necesario que la ciudadanía perjudicada encuentre formas de demostrar el enriquecimiento ilícito, que sí está penado por nuestra legislación.

En esa línea de pensamiento yo le pregunto concretamente para atacar la corrupción: ¿cómo debemos actuar para desenmascarar a los testaferros y sus mentores?

Le recuerdo que una forma puede ser la que propuse en mi artículo ‘¿Cohechadores arrepentidos?’, que publicó EL UNIVERSO el 21 de agosto de 1991, buscando exonerar de corresponsabilidad penal a quienes, habiendo participado en el delito, como coautor, cómplice o encubridor, entregare las pruebas fehacientes necesarias y suficientes para condenar al servidor público involucrado.

Si funcionara esa fórmula, podríamos tener un gran “baño de verdad” al descubrir a los hasta ahora disimulados y, a lo mejor, socialmente estimados, beneficiarios del dinero oficial que se desvía y no le llega al pueblo en obras y servicios.

Otra forma sería la aplicación inmediata de ciertas presunciones contenidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la que Ecuador es suscriptor, como hice presente en mi artículo ‘¿Cómo comprobar el enriquecimiento ilícito?’, publicado por EL UNIVERSO, el 24 de septiembre de 1997.

Una más podría ser la que se le está ocurriendo en este momento. Sería muy bueno que nos la haga conocer, exponiéndola ahora que los candidatos a la próxima Asamblea Constituyente están receptivos ante tesis reformatorias.

Yo creo que deberíamos preguntarles abiertamente a esos candidatos: ¿qué propondrán incluir en la Constitución para desenmascarar a los testaferros y a sus gestores? ¿Sería tan amable en darme su opinión?